La visita de María Jesús Montero al barrio granadino del Zaidín, uno de los más afectados por los terremotos de agosto, ha reavivado el debate político en Andalucía. La líder del PSOE-A ha insistido en la necesidad de respuestas claras y ha criticado la lentitud de la Junta de Andalucía ante la emergencia, mientras destacaba la declaración de zona catastrófica por parte del Gobierno central.
El Consejo de Ministros reconoció oficialmente la situación en Granada como "zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil" el 15 de septiembre de 2026. Esto permite activar ayudas estatales extraordinarias. Según el Ministerio del Interior, la serie sísmica comenzó el 14 de agosto y fue una de las más intensas del mes: se registraron más de 1.500 movimientos, cuatro de ellos por encima de magnitud 4,0 y dos alcanzando 4,8. Los barrios de Alhendín y Zaidín fueron los más afectados.
Ayuntamiento de Granada
Montero ha remarcado que, tras la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, los vecinos afectados podrán presentar desde mañana las solicitudes de compensación en la Subdelegación del Gobierno. Los damnificados deberán aportar la documentación necesaria para que su caso se evalúe lo antes posible. Además, los ayuntamientos de la provincia podrán pedir al Estado que cubra hasta el 50% de los daños en infraestructuras municipales, según los procedimientos recogidos en el Boletín Oficial del Estado.
La dirigente socialista también ha cuestionado la gestión de la Junta, señalando que parte de los 46,2 millones de euros anunciados por el gobierno autonómico ya estaban previstos en proyectos anteriores de rehabilitación. Según Montero, esto dificulta la transparencia y la claridad sobre los recursos realmente disponibles. De ese paquete, la Junta destina 8 millones a seguridad y edificios, y 15,5 millones a acelerar las obras en Santa Adela, aunque sigue el debate sobre el origen de los fondos.
Montero ha pedido coordinación entre Ayuntamiento, Junta y Gobierno central para reducir el impacto sobre los vecinos. Ha señalado que de cada emergencia deben extraerse lecciones, y ha valorado la próxima oferta de formación sobre seísmos en los centros educativos, una práctica habitual en países con alta actividad sísmica. La Universidad de Granada ha calculado en 6,8 millones de euros los daños en sus instalaciones, lo que muestra que el impacto ha llegado tanto a viviendas como a infraestructuras públicas.
Europa Press, Agencia de noticias
Durante su jornada en Granada, Montero también ha recordado el apoyo del Gobierno central a Andalucía. En sus redes sociales, ha destacado la reciente aprobación de 1.267 millones de euros para modernizar los aeropuertos de Málaga-Costa del Sol, Sevilla, Jerez, Almería, Granada-Jaén, Córdoba y el helipuerto de Algeciras. Según Montero, estas inversiones son importantes para el desarrollo económico y la creación de empleo en la región.
El contexto político andaluz está marcado por la disputa entre el PSOE-A y el gobierno autonómico de PP y Vox, en un momento en que la gestión de catástrofes naturales y la transparencia en el uso de fondos públicos son temas centrales. Montero exige respuestas rápidas y claras, mientras la Junta es percibida como lenta y poco concreta, lo que aumenta la presión sobre el ejecutivo regional.
La atención mediática sobre la gestión de crisis institucionales no es exclusiva de Andalucía. Recientemente, la monarquía noruega también ha vivido momentos de tensión interna, como se analizó tras el funeral de Harald V. En ambos casos, la transparencia y la rapidez en la respuesta institucional son claves para la confianza ciudadana.
La situación en el Zaidín muestra la necesidad de una gestión ágil y coordinada ante emergencias, y de que las administraciones rindan cuentas de forma clara. Montero, al exigir explicaciones y aportar cifras y plazos concretos, pone el foco en la importancia de hechos verificables frente a promesas. La presión sobre la Junta de Andalucía para actuar con mayor transparencia y eficacia sigue creciendo.
La declaración de emergencia y las ayudas estatales han sido confirmadas en el comunicado oficial del Gobierno de España.
