Docentes e investigadores de la EHU denuncian un ataque al sistema educativo vasco tras la suspensión cautelar de calificaciones en la PAU de Euskera. Más de 12.000 firmas respaldan a los correctores y critican la vía judicial.
La Universidad del País Vasco (EHU) vive una de sus mayores crisis de confianza tras la última edición de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Euskera. Más de 12.000 docentes e investigadores han firmado un manifiesto en defensa de los correctores, después de que varios estudiantes, tras recibir calificaciones de cero, optaran por recurrir a la vía judicial y lograran que cinco tribunales suspendieran cautelarmente sus notas. El conflicto ha puesto en cuestión la profesionalidad de los evaluadores y ha generado un debate sobre la legitimidad de acudir a los tribunales antes de agotar los mecanismos internos de revisión.
Los impulsores de la recogida de firmas consideran especialmente grave que los alumnos y sus familias hayan recurrido a la Justicia sin esperar la resolución de las revisiones académicas. Además, califican de incomprensible que los tribunales hayan aceptado suspender provisionalmente las calificaciones, lo que, según el manifiesto, supone un privilegio injustificado y un ataque directo tanto a la EHU como al conjunto del sistema educativo público vasco.
El texto, leído en el Bizkaia Aretoa de la EHU por Lore Erriondo e Iñigo Urrutia, recoge la preocupación e indignación del personal universitario y de profesores de Secundaria y Bachillerato. De los apoyos recabados, unos 2.000 proceden de la propia universidad y el resto, mayoritariamente, de docentes de otros niveles educativos. El manifiesto subraya que este año se han superado todos los límites en la polémica y critica que se haya puesto en duda la actuación de la institución y sus profesionales, exigiendo respeto y recordando que la EHU ha priorizado la transparencia y el servicio público.
Entre los argumentos expuestos, se destaca que los procedimientos de corrección y revisión se han seguido de forma rigurosa, activando todos los mecanismos previstos para garantizar la igualdad de trato y los criterios académicos. Sin embargo, los firmantes lamentan sentirse desamparados por las instituciones, especialmente por el Gobierno vasco, que consideró legítima la preocupación de las familias ante la avalancha de ceros corregidos por una sola persona.
La controversia ha reabierto el debate sobre el modelo de inmersión lingüística en Euskadi y la universalización del modelo D, que algunos sectores consideran que puede estar afectando tanto a la calidad del euskera como al desarrollo académico de los alumnos castellanoparlantes. Lore Erriondo advirtió que las actitudes beligerantes pueden poner en riesgo los avances consensuados en el sistema educativo vasco durante las últimas décadas.
En el acto de presentación del manifiesto también estuvo presente María del Río, portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Bilbao y profesora de Derecho en la EHU, mostrando su apoyo a los correctores. El debate sobre la gestión de crisis en instituciones públicas no es nuevo en España; recientemente, la gestión de emergencias y la respuesta institucional han sido objeto de discusión, como ocurrió con la actuación del Govern tras el incendio de Les Gavarres, tema que generó tensión en el Parlament y que fue analizado en un reportaje sobre la gestión de crisis y la educación en Cataluña.
La PAU, según los docentes, está sujeta a procesos de mejora continua, tanto en la organización de las pruebas como en la formación del profesorado y la adaptación a nuevos paradigmas de evaluación por competencias. Sin embargo, la incertidumbre generada por la judicialización de los resultados plantea dudas sobre el futuro de la corrección y la disposición de los profesionales a participar en próximas ediciones.
La Prueba de Acceso a la Universidad es un requisito fundamental para el acceso a estudios superiores en España. En el País Vasco, el modelo D de inmersión lingüística es predominante, y la evaluación de Euskera es obligatoria para la mayoría de los estudiantes. Las decisiones judiciales sobre calificaciones pueden sentar precedentes que afecten a futuros procesos de evaluación y a la confianza en el sistema educativo público.
