La directora de la Guardia Civil y su jefe operativo declaran como imputados. El caso apunta a una red que buscaba influir en investigaciones sensibles. La Fiscalía y la UCO señalan posibles presiones internas.
La Audiencia Nacional ha citado como imputados a Mercedes González, directora general de la Guardia Civil, y al teniente general Manuel Llamas, director adjunto operativo, en el marco de la investigación sobre una presunta red organizada por Leire Díez. El caso, que ha generado inquietud en los altos mandos del instituto armado, se centra en la posible instrumentalización de expedientes internos para presionar a funcionarios implicados en causas que afectan al PSOE, al Gobierno y al entorno familiar de Pedro Sánchez.
La decisión de imputar a González y llamar a declarar a Llamas fue adoptada por el juez Santiago Pedraz a principios de julio, tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil había intensificado sus sospechas sobre ambos responsables, al considerar que promovieron investigaciones internas para rastrear posibles filtraciones de información dentro de la institución.
Según los informes de la UCO, la exmilitante socialista Leire Díez habría utilizado su relación previa con Mercedes González para influir en el desarrollo de estos expedientes. Los agentes sostienen que Díez buscaba crear un clima de intimidación entre los funcionarios encargados de investigaciones sensibles, utilizando los procedimientos internos como mecanismo de presión. El informe policial recoge que Díez aseguraba a sus interlocutores mantener una relación cercana con la directora general y haber mantenido varias reuniones con ella.
En su comparecencia ante el Senado el pasado 16 de junio, González reconoció solo dos encuentros con Díez, aunque la UCO documenta al menos tres. En el primero, celebrado poco después de asumir el cargo, Díez le propuso un café para conocer su perfil profesional. En el segundo, la exmilitante planteó la restitución del comandante Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo, a lo que González afirma haberse negado de inmediato.
El caso Leire Díez se suma a una serie de investigaciones recientes que han puesto bajo escrutinio a figuras cercanas al Gobierno y al PSOE. En este contexto, la presión sobre los altos cargos y la gestión de posibles filtraciones han cobrado especial relevancia. Temas similares han sido objeto de atención mediática, como ocurrió con la condena a David Sánchez, hermano del presidente, por prevaricación, un asunto que también generó debate sobre la imparcialidad judicial y la presión mediática, tal como se recoge en la cobertura sobre la defensa de David Sánchez.
La investigación en la Audiencia Nacional pone de relieve la complejidad de las relaciones internas en la Guardia Civil y la sensibilidad de los procedimientos cuando afectan a intereses políticos de alto nivel. La UCO, como unidad especializada en delitos complejos, ha desempeñado un papel clave en la recopilación de pruebas y en la identificación de posibles irregularidades. El caso también evidencia la importancia de la transparencia y el control interno en los cuerpos de seguridad, especialmente cuando se trata de expedientes que pueden tener repercusiones políticas. La evolución de este proceso será seguida de cerca por los medios y por los sectores implicados en la seguridad y la justicia en España.
