Una red de narcotráfico en Valencia sobornaba a agentes de la Guardia Civil con comisiones del 20%. La organización, desmantelada en 2025, movía toneladas de cocaína y controlaba el puerto con métodos violentos.
Una investigación judicial en Valencia ha sacado a la luz el funcionamiento interno de una red de narcotráfico que operaba en el puerto de la ciudad, donde los narcos pagaban comisiones de hasta un 20% a agentes corruptos de la Guardia Civil para facilitar la entrada de cocaína. Según el sumario del caso, la organización, desmantelada en la Operación Spider en julio de 2025, llegó a almacenar más de 60 millones de euros en droga y utilizaba sofisticados sistemas de comunicación encriptada para coordinar sus operaciones y sobornos.
Las escuchas telefónicas y los mensajes interceptados en la aplicación Zangi, de origen iraní, revelan cómo los responsables logísticos de la red, identificados como Daniel y Coscu, negociaban directamente con los funcionarios encargados de la vigilancia portuaria. El objetivo era asegurar que los camiones con la mercancía pasaran sin ser inspeccionados, controlando incluso las barreras de acceso y los turnos de los agentes. La trama prefería tratar directamente con los guardias civiles implicados, aunque en ocasiones recurría a intermediarios para canalizar los pagos.
La organización no solo dependía de la corrupción policial. También recurría a la intimidación y la violencia para mantener el control interno. Cuando uno de los camioneros no devolvió un vehículo con droga, los líderes de la red consideraron emplear a un mercenario colombiano para forzar la devolución y evitar futuras deslealtades. Los conductores recibían entre 100.000 y 120.000 euros por cada transporte exitoso, mientras que los encargados de romper los precintos de los contenedores cobraban hasta 50.000 euros.
El alcance de la red era notable: en la Operación Spider fueron arrestadas 81 personas, incluyendo un guardia civil. La estructura criminal incluía a nueve conductores, 17 trabajadores portuarios, sindicalistas y un médico del Centro de Empleo Portuario, lo que permitía a la organización manipular exámenes y controlar los turnos de la plantilla. La empresa de transportes Lematrans, con sede en el Club Náutico de Valencia, servía como fachada legal para emitir órdenes falsas de entrada y facilitar la extracción de la droga de los contenedores.
La red mantenía un alto nivel de seguridad y confidencialidad, borrando mensajes tras cada comunicación y utilizando decenas de teléfonos para evitar ser detectados por la policía. A pesar de estas precauciones, los investigadores lograron recuperar las conversaciones mediante herramientas forenses, lo que permitió reconstruir la jerarquía y los métodos de la organización. Los narcos también contaban con informantes dentro de las instituciones, conocidos como “halcones”, que les alertaban sobre las investigaciones y movimientos policiales, incluyendo la fecha de su detención y la ubicación de los agentes encargados del caso.
Tras la pérdida de varios cargamentos y el aumento de la presión policial, la red exploró nuevas rutas de importación, como la República Dominicana, iniciando pruebas con cargamentos de 400 kilos para diversificar sus operaciones. El puerto de Valencia, que mueve más de 5,6 millones de contenedores al año, se había convertido en uno de los principales puntos de entrada de cocaína en Europa, solo por detrás de Amberes y Róterdam.
Según los datos publicados por EL PAÍS, la Operación Spider se denominó así por el uso de “hombres araña” que trepaban por los contenedores para extraer la droga. El caso ilustra la complejidad y el alcance de las redes de narcotráfico en España, así como la vulnerabilidad de las infraestructuras portuarias ante la corrupción y la infiltración criminal. El puerto de Valencia sigue bajo vigilancia reforzada tras el desmantelamiento de la organización, mientras las autoridades continúan investigando posibles ramificaciones en otros países europeos y latinoamericanos.
En el contexto nacional, España es uno de los principales puntos de entrada de cocaína en Europa debido a su posición geográfica y la capacidad de sus puertos. Las autoridades han intensificado los controles y la cooperación internacional para combatir el tráfico de drogas, aunque los casos de corrupción dentro de los cuerpos de seguridad siguen representando un desafío. El caso de Valencia subraya la importancia de reforzar los mecanismos de control interno y la transparencia en los puertos españoles para evitar que se repitan situaciones similares.
