La jueza de Melilla investiga posibles delitos en la adjudicación del centro comercial Parque Murias. El caso surgió tras una operación sobre compra de votos en 2023. El presidente Imbroda rechaza las acusaciones.
La investigación sobre la presunta compra de votos por correo en Melilla ha destapado indicios de delitos en la adjudicación del centro comercial Parque Murias, inaugurado en 2017. La jueza Carmen María Perles, del Juzgado de Instrucción Número 2, abrió diligencias el pasado mayo tras recibir un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. El documento, fechado en marzo y adelantado por EL PAÍS, señala posibles delitos de prevaricación y malversación cometidos durante el quinto mandato del presidente Juan José Imbroda (PP) y menciona a otros cargos de su Gobierno entre 2015 y 2019, así como a una consejera de la posterior administración de Coalición por Melilla.
El origen de la nueva línea de investigación se remonta a un registro domiciliario realizado en el marco de la macrocausa conocida como caso Santiago-Rusadir, centrada en la supuesta trama de compra de votos en las elecciones autonómicas de 2023. Durante ese registro, los agentes hallaron un documento que no guardaba relación directa con la trama electoral, pero que levantó sospechas sobre la adjudicación del Parque Murias, construido en los terrenos del antiguo cuartel de Valenzuela. Una fuente confidencial aportó información sobre un presunto fraude en el proceso, al que denominó Operación Valenzuela, lo que llevó a la jueza a incorporar el informe policial a la causa.
El presidente Imbroda compareció ante los medios para rechazar de forma tajante las acusaciones y defendió la legalidad del proceso administrativo seguido para la adjudicación del centro comercial. Según el PP, las sospechas responden a intentos de desestabilizar al partido tras seis legislaturas al frente del Ejecutivo local. Imbroda insistió en la honestidad de su Gobierno y mostró una hoja manuscrita, incluida en el informe de la UDEF, que fue hallada en el registro al empresario Abdelmayid Belkasen Mohamed. El autor de ese documento sigue siendo desconocido para los investigadores, pero su contenido, junto con el testimonio de la fuente confidencial, es considerado relevante por la policía.
Por su parte, el PSOE ha exigido explicaciones, señalando que los terrenos públicos acabaron en manos privadas. La instrucción sobre la presunta compra de votos, que dura ya tres años, mantiene el foco sobre Coalición por Melilla como partido investigado. Según la jueza, existen indicios de una organización criminal que habría utilizado la estructura del partido para planificar la compra de votos por correspondencia y así alcanzar y mantener el poder en la ciudad autónoma.
Entre 2019 y 2023, Melilla fue gobernada por un tripartito formado por Ciudadanos, PSOE y Coalición por Melilla, con Eduardo de Castro (CS) como presidente. Tras las elecciones autonómicas de 2023, el PP recuperó la mayoría absoluta. El caso del Parque Murias se suma a la tensión política en la ciudad, donde las investigaciones judiciales han marcado la agenda local en los últimos años. El centro comercial Parque Murias, inaugurado en 2017, fue el primer gran complejo de este tipo en Melilla y su construcción supuso una transformación urbanística relevante para la zona.
En España, los casos de presunta corrupción vinculados a la adjudicación de obras públicas han sido objeto de atención judicial y mediática en la última década. La UDEF, dependiente de la Policía Nacional, ha participado en investigaciones similares en otras comunidades autónomas. La apertura de diligencias en Melilla refleja la importancia de los controles sobre la gestión de fondos públicos y la adjudicación de proyectos estratégicos en ciudades con fuerte peso político y económico.
