La intervención policial en una manifestación antimasificación en Palma deja ocho heridos y desata una oleada de críticas. El delegado del Gobierno afronta peticiones de dimisión y exige explicaciones a la Policía Nacional.
Ocho personas resultaron heridas, entre ellas un fotoperiodista, tras la intervención de la Policía Nacional al final de una multitudinaria manifestación contra la saturación turística en Palma. El despliegue policial, que incluyó el uso de porras y salvas al aire, ha provocado una fuerte polémica política en Baleares y ha puesto en el punto de mira tanto a la Delegación del Gobierno como a la actuación de los agentes.
La protesta, organizada por Menys Turisme, Més Vida y respaldada por formaciones como Més per Mallorca y Podemos, transcurrió de forma pacífica hasta su tramo final. El recorrido debía concluir en el parque de Ses Voltes, junto a la catedral, pero la Policía Nacional cerró el acceso antes de que se completara el aforo de 2.000 personas, lo que generó momentos de tensión. Según fuentes policiales, un grupo de unas 200 personas adoptó una actitud violenta, lanzando objetos como palos, piedras y tornillos tanto a los agentes como a una pareja de turistas que paseaba por la zona. La policía sostiene que fue necesario dispersar a los manifestantes y que cinco agentes también resultaron heridos.
Los organizadores denuncian que la carga policial fue "desproporcionada" y que se inició sin que los servicios sanitarios estuvieran avisados, lo que obligó a atender a los heridos durante más de 45 minutos con ayuda de médicos presentes entre los asistentes. Además, critican que la Policía Nacional solo comunicó dos días antes de la marcha la limitación de acceso a Ses Voltes, sin ofrecer alternativas, y que el Ayuntamiento de Palma rechazó cambiar el lugar de finalización por falta de tiempo.
El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha calificado de "inaceptables" las imágenes difundidas en redes sociales y ha anunciado que solicitará un informe exhaustivo sobre la actuación policial. Rodríguez también ha adelantado que se reunirá con el jefe superior de la Policía Nacional en las islas, José Antonio Puebla, para analizar lo ocurrido. Mientras tanto, partidos y plataformas han exigido su dimisión por permitir la intervención policial, recordando además la reciente polémica por la detención de activistas en otro caso de protesta social.
La presidenta del Gobierno balear, Marga Prohens, se ha mostrado "impactada" por los enfrentamientos y ha pedido explicaciones tanto al delegado como a las secretarías de Estado implicadas. Por su parte, la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha calificado de "vergonzosas" las imágenes y ha reclamado una investigación para depurar responsabilidades.
La tensión en Palma se produce en un contexto de creciente malestar social por la masificación turística y la gestión de los espacios públicos. El debate sobre el papel de las fuerzas de seguridad en manifestaciones ciudadanas se suma a otras recientes controversias en España, como la actuación policial en grandes emergencias. Por ejemplo, la gestión de evacuaciones masivas y la coordinación de efectivos ya fue objeto de análisis en situaciones como el incendio que obligó a desalojar a miles de personas en Castellón, según se detalla en este reportaje sobre la respuesta ante emergencias en la Comunidad Valenciana.
En España, la regulación de manifestaciones y el uso de la fuerza por parte de la policía están sujetos a estrictos protocolos, pero cada incidente reabre el debate sobre los límites de la actuación policial y la protección de derechos fundamentales. El caso de Palma pone de relieve la dificultad de gestionar grandes concentraciones en espacios urbanos limitados y la necesidad de coordinación entre administraciones. La saturación turística sigue siendo uno de los temas más sensibles en Baleares, donde la presión sobre infraestructuras y servicios públicos genera tensiones recurrentes entre residentes, autoridades y visitantes.
