Crédito estatal a Plus Ultra: investigación, arrestos y vínculo venezolano. La aerolínea Plus Ultra recibió 53 millones de euros en ayuda estatal. La decisión provocó investigaciones, detenciones y debates sobre conexiones con Venezuela. El caso involucra a un ex primer ministro y sospechas de lavado de dinero.
En España continúa la investigación sobre el apoyo estatal a la aerolínea Plus Ultra, que recibió 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a Empresas Estratégicas (FASEE) en 2021. La decisión de conceder estos fondos estuvo acompañada de una serie de causas penales, detenciones de directivos y acusaciones de vínculos con inversores venezolanos. El foco de atención está en el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, acusado de tráfico de influencias, creación de organización criminal y falsificación de documentos en el marco del caso Plus Ultra.
Plus Ultra, que cuenta con solo seis aviones y un número limitado de rutas en Latinoamérica, fue considerada estratégica para el país. Esto le permitió acceder a un crédito estatal, a pesar del escepticismo sobre su relevancia para la economía y el sistema de transporte de España. En 2021, la aerolínea recibió dos desembolsos: 19 millones de euros en forma de préstamo ordinario y 34 millones como préstamo a largo plazo con participación estatal. Ya entonces, la oposición en el Congreso señalaba la cercanía de los accionistas de la compañía al entorno de Nicolás Maduro y cuestionaba la transparencia de la operación.
La investigación verificó en varias ocasiones si fondos estatales habían sido transferidos a cuentas vinculadas con Venezuela. En 2023, parte de los cargos fue retirada, pero en 2024 la fiscalía volvió a expresar sospechas de lavado de dinero: según la investigación, una parte de los fondos podría haberse utilizado para devolver créditos a cuentas extranjeras asociadas a la presunta red criminal. En diciembre de 2025, la policía detuvo para tomar declaración al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y al director general, Roberto Rosselli. La cuestión de si la empresa realmente cumplía con los criterios de organización estratégica y financieramente sostenible en el momento de la concesión del crédito sigue sin resolverse.
Durante el proceso judicial se supo que entre los accionistas de Plus Ultra había inversores con doble ciudadanía, española y venezolana. A finales de 2025, la estructura de propiedad cambió: el presidente de la compañía incrementó su participación hasta el 65% tras comprar los paquetes de Snip Aviation y Fly Spain, lo que permitió distanciarse del capital venezolano. La dirección justificó esta medida por la necesidad de reestructuración y la captación de nuevos socios industriales, subrayando que el cambio de accionistas no guarda relación con la investigación penal.
El apoyo estatal a Plus Ultra se convirtió en objeto de debates políticos y litigios judiciales, de manera similar a otras grandes medidas de rescate empresarial durante la pandemia. A modo de comparación, anteriormente el gobierno había lanzado el fondo «España Crece» para fomentar inversiones tras el fin de los programas europeos, lo que también generó discusiones sobre los criterios de selección y el control en la distribución de fondos — más detalles sobre esto en el artículo sobre el lanzamiento del fondo de inversiones tras Next Generation.
Según datos de RUSSPAIN, Plus Ultra registró en 2019 un crecimiento de ingresos del 47% y contaba con 345 empleados, operando rutas entre Madrid y ciudades de América Latina. Los consultores Deloitte y DC Advisors consideraron que la compañía estaba en funcionamiento, aunque el peritaje reveló falta de transparencia contable. Las autoridades judiciales no encontraron pruebas de fraude intencionado, pero señalaron problemas en la contabilidad. En 2022, Plus Ultra informó de un aumento en las ventas y una mejora en los indicadores operativos, aunque las sospechas de uso indebido de ayudas estatales y posible blanqueo de capitales volvieron a situar a la empresa en el centro de la atención de las fuerzas de seguridad.
