Un tribunal de Sevilla archiva el caso contra un colegio tras la muerte de una alumna. Un tribunal de Sevilla ha archivado la investigación tras la denuncia de los padres de la alumna fallecida. La Fiscalía no halló relación entre las acciones del colegio y la tragedia. Las autoridades de Andalucía continúan con la revisión administrativa.
En Sevilla, el tribunal archivó la causa penal contra el colegio Irlandesas de Loreto, al que los padres de Sandra Peña, de 14 años, habían presentado una denuncia tras su fallecimiento. La familia acusaba al centro educativo de no activar el protocolo contra el acoso escolar, a pesar de haber recibido información sobre el hostigamiento por parte de compañeras de clase. El juez coincidió con la Fiscalía de Menores, que previamente también había solicitado el cierre del caso, y no consideró que existiera una relación directa entre las acciones del colegio y la tragedia.
En los documentos del caso se indica que la dirección del colegio recibió información sobre un posible acoso escolar el 1 de septiembre de 2025, cuando la madre de Sandra entregó a la administración un informe psicológico. En él se mencionaban burlas, insultos y signos de un estado ansioso-depresivo en la niña. Según la investigación, durante el curso escolar anterior también se registraron episodios aislados de acoso, aunque la Fiscalía los consideró hechos puntuales tratados a nivel interno por el colegio.
Aunque formalmente no se activó el protocolo contra el acoso escolar, el centro tomó varias medidas: separó a Sandra y a las presuntas agresoras en diferentes clases, recomendó acudir a especialistas en salud mental, designó personal responsable y reforzó la supervisión por parte del profesorado. La Fiscalía destacó que, según la opinión de la psicóloga, estas medidas tuvieron un impacto positivo en el estado de la niña. Sin embargo, el organismo considera que, incluso la activación formal del protocolo, no habría garantizado la prevención de la tragedia, ya que parte de los conflictos se producían fuera del entorno escolar, donde el centro educativo no podía influir en la situación.
En su resolución, el juez señaló que la escuela y su personal adoptaron medidas razonables para proteger a la alumna, pero no estaban obligados a controlarla fuera del horario escolar. Sandra se quitó la vida en su casa, fuera de las horas lectivas, lo que, según el tribunal, exime a los docentes de responsabilidad por lo ocurrido. La sentencia subraya que el protocolo contra el acoso es eficaz, pero su aplicación no siempre logra cambiar el desenlace en casos similares.
Paralelamente a la investigación penal, las autoridades de Andalucía iniciaron una revisión administrativa del colegio Irlandesas de Loreto para determinar si debe ser privado de financiación pública debido a posibles irregularidades. Este proceso se ha suspendido hasta que finalicen las pesquisas. Las cuestiones sobre la intervención de los padres en el proceso educativo y la responsabilidad de los centros por el estado psicológico de los alumnos no se discuten por primera vez en España — anteriormente, estos temas ya se han planteado en las universidades, como en el reportaje sobre la influencia de las familias en la autonomía de los estudiantes en Granada y Alicante (más detalles aquí).
Para quienes enfrentan pensamientos suicidas o necesitan apoyo, en España está disponible la línea de ayuda 024 del Ministerio de Sanidad. También se puede recurrir al Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o a los servicios de Fundación Anar para niños y adolescentes (900 20 20 10, chat en anar.org).
