Carles Puigdemont y dos exconsejeros acusan a España ante Bruselas de no aplicar la amnistía tras la sentencia europea. El Tribunal de Cuentas mantiene abierto el proceso por el 1-O. El conflicto suma presión sobre la justicia española.
Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, junto a los exconsejeros Antoni Comín y Lluís Puig, ha presentado una denuncia formal ante la Comisión Europea. El motivo: consideran que España incumple el derecho de la Unión Europea al no aplicar la amnistía tras el respaldo del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). El escrito, elaborado por el abogado Gonzalo Boye y remitido a Bruselas, sostiene que la reapertura del plazo de alegaciones por parte del Tribunal de Cuentas supone una suspensión de facto de la aplicación de la amnistía, lo que, según los denunciantes, contradice la reciente sentencia europea.
La denuncia llega después de que el Tribunal de Cuentas solicitara nuevas alegaciones en el caso sobre el presunto desvío de fondos públicos para el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la acción exterior del procés. La fiscalía, por su parte, ha calificado este paso de "improcedente e innecesario", recordando que el TJUE descartó el uso de fondos comunitarios en los hechos investigados. Según el documento remitido a la Comisión Europea, la actitud del Tribunal de Cuentas vulnera el artículo 4 del Tratado de la Unión sobre cooperación leal, que obliga a los Estados miembros a garantizar la aplicación uniforme y efectiva de las sentencias europeas.
El abogado de Puigdemont reclama una intervención urgente de Bruselas, argumentando que la demora en la aplicación de la amnistía mantiene medidas cautelares que afectan a los denunciantes por más de 9,5 millones de euros. El escrito también denuncia que la nota de prensa oficial del Tribunal de Cuentas tergiversa públicamente la sentencia del TJUE, lo que, a juicio de los firmantes, pone en cuestión el Estado de Derecho sobre el que se fundamenta la Unión Europea.
La reacción de Junts no se hizo esperar tras el aval del tribunal de Luxemburgo a la ley de amnistía. El partido, que había mantenido un perfil bajo hasta la resolución europea, intensificó su presión sobre la justicia española. Jordi Turull, secretario general de Junts, celebró públicamente la decisión europea y pidió al Tribunal Constitucional que se pronuncie cuanto antes. Por su parte, Gonzalo Boye advirtió en declaraciones a EL PAÍS que la imagen de la justicia española se deteriora cada día que pasa sin aplicar la amnistía. Puigdemont, habitual en redes sociales, insistió en que el bloqueo de la amnistía por parte de los jueces españoles supone un choque directo con el derecho europeo.
El conflicto entre las instituciones españolas y europeas en torno a la amnistía se produce en un contexto de máxima tensión política y judicial. La denuncia ante la Comisión Europea añade presión sobre el Gobierno y los tribunales, en un momento en que la aplicación de la ley de amnistía sigue siendo objeto de controversia. En este escenario, la relación entre el Ejecutivo y los partidos independentistas catalanes continúa marcada por la desconfianza y la exigencia de garantías jurídicas. Cabe recordar que, según las recientes revelaciones sobre las negociaciones entre el Gobierno y Junts, la cuestión de la amnistía ha sido uno de los puntos centrales en los contactos mantenidos en Suiza.
Como contexto, la ley de amnistía fue aprobada por las Cortes y declarada constitucional, pero su aplicación efectiva depende de la interpretación de los tribunales españoles. El TJUE ha dejado claro que los hechos investigados no afectaron a los intereses financieros de la Unión Europea, lo que refuerza la posición de los denunciantes. El artículo 4 del Tratado de la Unión Europea establece la obligación de cooperación leal entre los Estados miembros y las instituciones europeas. El Tribunal de Cuentas, órgano encargado de fiscalizar la gestión económica del sector público en España, ha sido protagonista de varios episodios de tensión en los últimos años en relación con el procés catalán. La Comisión Europea, por su parte, tiene la facultad de iniciar procedimientos de infracción si considera que un Estado miembro incumple el derecho de la Unión.
