Por qué el proceso de regularización masiva de migrantes genera expectación y debate en el país. Las autoridades españolas han registrado una cifra récord de solicitudes para la regularización de migrantes. A dos semanas del cierre del plazo, se han presentado 900 mil peticiones. El proceso ya ha superado en magnitud todas las campañas anteriores.
En España se ha registrado una afluencia sin precedentes de solicitudes para la legalización de extranjeros: según datos oficiales, a mediados de junio ya se han presentado 900 mil solicitudes para la obtención de permisos de residencia y trabajo. Es un récord absoluto para el país: en campañas anteriores, el número de solicitudes no superaba las 700 mil. Hasta el momento, las autoridades han admitido a trámite 360 mil expedientes, y solo quedan 15 días para el cierre del plazo de presentación de documentos.
El procedimiento de regularización masiva, impulsado por el gobierno de Pedro Sánchez, se ha convertido en una de las medidas políticas más destacadas de la actual legislatura. Las autoridades esperan sacar de la economía sumergida el trabajo irregular y otorgar derechos a quienes ya viven y trabajan en España sin papeles. Según informa EL PAÍS, el proceso avanza con normalidad, a pesar de incidencias puntuales y la sobrecarga en los servicios municipales y consulados.
A modo de comparación: en 2005, durante la última gran regularización, se presentaron 691.655 solicitudes y 576.506 personas obtuvieron el permiso. Ahora, antes incluso de que finalice el periodo de recepción, el número de solicitudes ya es considerablemente mayor. Las autoridades señalan que muchos extranjeros esperaron hasta el último momento para reunir toda la documentación necesaria, y que la cantidad real de personas en situación irregular resultó superior a las estimaciones oficiales.
La iniciativa de regularización cuenta con el apoyo de una amplia coalición: desde sindicatos y empresarios hasta la Iglesia Católica. En su momento, también la respaldó el PP, pero más tarde el partido cambió de postura bajo la presión de VOX, que se opone sistemáticamente a la regularización masiva y exige «prioridad para los ciudadanos nacionales» en el reparto de ayudas sociales y servicios en las regiones donde gobiernan conjuntamente.
Entre las dificultades del proceso están la sobrecarga de los servicios sociales, retrasos en la asignación de números de la Seguridad Social y problemas para obtener los certificados de antecedentes penales en los consulados. Las autoridades lo atribuyen a la magnitud de la campaña y subrayan que el procedimiento debe ser lo más transparente y jurídicamente seguro posible. El decreto de regularización ya ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo por la Comunidad de Madrid, VOX y varias organizaciones, pero hasta ahora no se ha logrado suspender su aplicación.
La mayoría de los migrantes que solicitan la regularización llevan ya mucho tiempo viviendo y trabajando en España, a menudo tras llegar con visados turísticos, principalmente de países de América Latina. Según datos oficiales, el año pasado llegaron al país por mar y tierra 36 775 personas, lo que representa solo una pequeña parte del total de inmigrantes en situación irregular, la mayoría de los cuales accedieron por vía aérea. Las organizaciones que trabajan con migrantes anteriormente cifraban el número de extranjeros sin papeles en 840 mil.
Muchos de quienes han presentado solicitudes trabajan en sectores donde faltan trabajadores locales: construcción, agricultura, cuidado de niños y mayores, limpieza. Según las estimaciones, cada regularización aporta al presupuesto alrededor de 4.000 euros en impuestos y cotizaciones. Las autoridades subrayan que la salida masiva de migrantes de la economía sumergida ayudará a fortalecer el mercado laboral y aumentar los ingresos del Estado.
Paralelamente a la campaña española, en Europa entró en vigor el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, que endurece las normas de acogida y agiliza los procedimientos de deportación. Sin embargo, estas medidas no afectan a quienes ya se encuentran en España y participan en la actual regularización. En el país continúan los debates sobre las consecuencias de la concesión masiva del estatus, pero para miles de familias es una oportunidad para obtener derechos legales y protección.
En el marco de otras importantes iniciativas sociales en España, cabe destacar que las autoridades regionales también están invirtiendo activamente en infraestructura y en el ámbito social. Por ejemplo, recientemente en Valencia se puso en marcha un proyecto de modernización de escuelas y lucha contra el calor — más detalles sobre la asignación de 180 millones de euros para estos fines provocaron un amplio debate público.
A modo de referencia: desde 1986 en España se han llevado a cabo seis grandes campañas de regularización de migrantes. Cada una de ellas estuvo marcada por intensos debates políticos y problemas temporales en los servicios, pero permitieron regularizar a decenas y cientos de miles de personas. Los expertos señalan que estas medidas resultan inevitables ante el aumento del número de extranjeros y la sobrecarga de los procedimientos estándar de concesión de residencia.
