La vicepresidenta de la Diputación de Valencia rechaza haber recibido avisos clave sobre la riada que dejó 230 muertos. La alcaldesa de Chiva sostiene lo contrario. El caso reabre el debate sobre la gestión de la emergencia.
La gestión de la catástrofe provocada por la dana del 29 de octubre de 2024, que causó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia, vuelve a estar en el centro del debate judicial y político. Remedios Mazzolari, vicepresidenta de la Diputación de Valencia y miembro del PP, declaró este lunes ante la jueza de Catarroja que no fue informada en ningún momento de la gravedad de la situación en el barranco del Poyo durante la tarde de la emergencia. Esta afirmación contradice directamente la versión de Amparo Fort, alcaldesa de Chiva, también del PP, quien sostiene que sí alertó a la Diputación sobre el riesgo inminente en la zona.
Durante su comparecencia como testigo, Mazzolari insistió en que no mantuvo ninguna conversación con Fort el día de la tragedia. Según su testimonio, ni realizó ni recibió llamadas relacionadas con la emergencia en el barranco del Poyo, la rambla que desencadenó la inundación y las posteriores muertes en localidades como Paiporta y Catarroja. Por su parte, Fort había declarado en mayo ante la misma jueza que, a las 15:30 horas de ese día, informó a la vicepresidenta sobre la situación crítica y la necesidad de intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Utiel.
La controversia se agrava por la existencia de un audio enviado por Fort a Mazzolari a las 19:47 horas, ya después del desbordamiento, en el que la alcaldesa describía la situación como "un desastre". Sin embargo, Mazzolari restó importancia a este hecho, sugiriendo que pudo tratarse de un error comprensible por parte de Fort. La alcaldesa, en cambio, defendió ante la jueza que la Diputación fue informada a las 17:00 horas de la gravedad en Chiva, municipio donde nace el barranco del Poyo, y que la comunicación fue clara sobre el riesgo de inundación que finalmente afectó a varias localidades.
El caso pone en cuestión la tesis defendida por el PP durante los últimos 19 meses, según la cual la Generalitat, bajo el expresident Carlos Mazón, desconocía la magnitud real de la riada y por eso no activó el sistema de alertas Es Alert hasta las 20:11 horas. La instrucción judicial busca esclarecer si existió realmente un apagón informativo o si, por el contrario, hubo avisos que no fueron atendidos a tiempo por las autoridades provinciales y autonómicas.
La tragedia del barranco del Poyo ha generado una intensa revisión de los protocolos de emergencia en la Comunidad Valenciana. Según datos oficiales, solo en Paiporta y Catarroja se contabilizaron 55 y 25 fallecidos respectivamente. El episodio ha reabierto el debate sobre la coordinación entre administraciones y la eficacia de los sistemas de alerta. En este contexto, la gestión de la información y la responsabilidad política están siendo analizadas con detalle, como ya ocurrió en otros casos recientes de relevancia judicial, por ejemplo en la resolución del Supremo sobre la suspensión de la pena a Aldama tras su colaboración en el caso Koldo, que también puso en el foco la actuación de las instituciones (más detalles sobre decisiones judiciales recientes).
La investigación en Catarroja continúa, mientras la opinión pública y los familiares de las víctimas esperan respuestas claras sobre si la tragedia pudo haberse evitado con una mejor comunicación entre los responsables municipales y provinciales. El caso subraya la importancia de los protocolos de emergencia y la necesidad de revisar los canales de información en situaciones críticas.
