El caso de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desalojada de su piso en la calle Alcalde Sainz de Baranda, ha dado un giro tras días de tensión y protestas en Madrid. Ricardo Alonso, responsable de Urbagestión, ha confirmado que hay un principio de acuerdo para que Maricarmen pueda volver a la vivienda de la que fue expulsada el 23 de septiembre. El nuevo contrato fijaría la renta en torno al 30% de sus ingresos netos, aunque la cifra exacta aún no está cerrada.
La negociación duró más de cuatro horas en la sede de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). El Ayuntamiento de Madrid actuó como mediador. El acuerdo todavía no es definitivo. Falta que Maricarmen lo ratifique y que los abogados cierren las condiciones. Alonso ha dicho que la situación económica de la inquilina quedaría parecida a la que tenía antes del desalojo.
Según datos de Infobae, la propuesta inicial de la propiedad suponía un aumento de la renta de unos 500 a 2.600 euros mensuales, más de cinco veces el importe anterior.
El conflicto empezó cuando Urbagestión, propietaria del piso desde 2020, ejecutó el lanzamiento judicial tras varios aplazamientos. El contrato original de renta antigua, firmado por el padre de Maricarmen en 1956, fue motivo de litigio durante años. Los tribunales dictaron que la subrogación que defendía la inquilina no podía mantenerse. Eso abrió la puerta al desalojo. La defensa de Maricarmen sostiene que ella siguió pagando la renta antigua. La propiedad dice que desde 2007 no tenía título legítimo para vivir en el piso.
El desalojo provocó protestas y una acampada en la Puerta del Sol. Urbagestión intentó primero meter el piso en el programa ReViVa, pero el Ayuntamiento lo descartó porque había una hipoteca y no se podía adjudicar la vivienda directamente a una persona concreta. Al final, la mediación municipal ha abierto una alternativa que podría permitir que Maricarmen vuelva a su casa, aunque el acuerdo aún debe ser ratificado.
El desalojo de Maricarmen generó una ola de indignación social en Madrid, con cientos de personas manifestándose frente a su domicilio y una fuerte reacción política en el contexto del actual crisis de vivienda en España.
Ricardo Alonso ha negado que Urbagestión sea un "fondo buitre". La describe como una microempresa de asesoramiento inmobiliario con pocos socios y empleados. Ha denunciado amenazas, presiones y ataques contra la empresa, incluso el envío de una caja con cucarachas. Ha anunciado acciones judiciales contra el Sindicato de Inquilinas por difundir datos personales y usar la expresión "fondo buitre". El sindicato rechaza retractarse y mantiene su apoyo a Maricarmen.
La vulnerabilidad de la inquilina y la presión social han obligado a todas las partes a buscar una salida menos traumática. Alonso reconoce que hay que tratar con humanidad a las personas mayores en estos conflictos, aunque insiste en que cumplir las resoluciones judiciales es clave para la seguridad jurídica de los propietarios. El regreso de Maricarmen depende ahora de la firma del nuevo contrato y de que acepte las condiciones pactadas.
El caso de Maricarmen Abascal muestra lo complicado que son los conflictos de vivienda en Madrid. Los contratos de renta antigua y los cambios de propiedad ponen en situaciones límite a inquilinos mayores. La intervención de la EMVS y la presión social han sido claves para abrir una vía de entendimiento, aunque la solución final depende de la ratificación de Maricarmen. En un momento de tensión por el acceso a la vivienda en la capital, este acuerdo preliminar marca un precedente sobre la importancia de la mediación y la flexibilidad en casos de especial vulnerabilidad. La experiencia de Maricarmen deja claro que hay que revisar los mecanismos de protección para los inquilinos más frágiles y la responsabilidad de las empresas en la gestión de estos conflictos.
Según información de la Agencia EFE, la EMVS de Madrid fue clave en la mediación entre la propiedad y la representación de Maricarmen, lo que permitió avanzar hacia una solución negociada tras el rechazo inicial del Ayuntamiento a la primera propuesta de Urbagestión.
