Gabriel Rufián, portavoz de ERC, ha lanzado una acusación directa contra el PSOE. Dice que el partido de Pedro Sánchez siempre elige a los grandes propietarios y deja de lado a los inquilinos en apuros. Sus palabras llegan mientras crecen las protestas en la Puerta del Sol. Allí, la acampada de manifestantes sigue sumando gente tras el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que solo pudo volver a su casa después de un acuerdo con Urbagestión.
El Gobierno ha intentado calmar la presión social con dos reales decretos. Estas normas amplían la protección frente a desahucios hasta 2030, regulan el alquiler de temporada y por habitaciones, y alargan los contratos de alquiler que vencen antes de finales de 2028. Pero para los manifestantes y muchos afectados, estas medidas no bastan. La acampada en el centro de Madrid sigue creciendo y ya va por su cuarta noche seguida. Según la Delegación del Gobierno, citada por BBC Mundo, el 26 de septiembre unas 25 000 personas salieron a la manifestación inicial y unas 500 se quedaron acampadas en la Puerta del Sol.
Tras el desahucio de Maricarmen Abascal, cientos de personas instalaron tiendas de campaña en la Puerta del Sol y declararon que no se irán hasta que cambien las leyes de alquiler y desahucio.
La preocupación por la vivienda no es nueva. Pero los últimos datos del CIS la colocan como el principal problema del país para el 42,6% de los encuestados en enero de 2026. Entre los jóvenes, supera incluso a la crisis económica. En el grupo de 18 a 24 años, el 29,2% dice que la vivienda es su mayor preocupación personal. Entre los 25 y 34 años, la cifra sube al 30,5%.
Rufián insiste en que la vivienda es el centro de la agenda política y social. Advierte que ninguna medida del Gobierno servirá si no se resuelve este problema. Según él, el 60% de los pisos comprados en el último año se pagaron al contado y solo el 14% se usaron como residencia habitual. Para Rufián, esto muestra el peso de la especulación y la inversión en el mercado inmobiliario. Sin embargo, estas cifras no han sido confirmadas por fuentes independientes. Aun así, la presión especulativa y social está bien documentada por medios como EFE y El País.
Para frenar la especulación, Rufián pide medidas más duras contra quienes buscan enriquecerse con la vivienda. Habla de subir impuestos o prohibir la especulación de forma directa. Critica que, tras casi diez años de gobierno progresista, el PSOE sigue protegiendo a los grandes propietarios y no a los inquilinos más vulnerables, incluso cuando no pueden pagar ni una habitación. Entre las demandas de los manifestantes, recogidas por EFE, están que el arrendador tenga que justificar si no renueva el contrato y, si no lo hace, compense al inquilino. También piden contratos indefinidos y una moratoria a los desahucios sin alternativa habitacional.
El Consejo de Ministros aprobó dos reales decretos-ley con medidas de vivienda que incluyen la protección frente a desahucios hasta 2030 y la regulación del alquiler por temporadas y habitaciones, aunque estas normas aún deben ser ratificadas por el Congreso.
Rufián también señala a los compradores extranjeros que adquieren varios pisos para alquilarlos a precios altos. Dice que esto agrava la situación y que hace falta una respuesta urgente. La presión sobre el Gobierno no solo viene de la calle. Sus propios aliados en el Congreso exigen un cambio real en la política de vivienda.
La tensión en la Puerta del Sol y la acampada siguen en el foco de medios como espanol.news, que ya informó sobre la protesta y la presión creciente sobre el Ejecutivo. EFE ha contado que los organizadores de la acampada piden congelar los alquileres y prohibir los desahucios sin alternativa habitacional. Esto muestra la magnitud del conflicto social.
El caso de Maricarmen Abascal, que tras 71 años en su casa fue desalojada y solo pudo volver tras un acuerdo con la propiedad, se ha convertido en símbolo de una crisis que golpea a miles de familias. El Gobierno ha sacado nuevas normas, pero la sensación de que no frenan la especulación ni protegen a los más vulnerables sigue creciendo. Mientras la vivienda se vea como un bien de inversión y no como un derecho, el conflicto seguirá abierto. El desgaste político para el Gobierno puede ser grave si no toma medidas más fuertes y efectivas.
Para seguir la evolución de las medidas y el debate en el Congreso, se puede consultar la cobertura de El País.
