El Gobierno de Pedro Sánchez ha saltado por los aires tras el golpe en el Congreso con los decretos de vivienda. La decisión de adelantar las elecciones generales al 29 de noviembre llega después de que el Ejecutivo quedara en minoría, sin poder sacar adelante medidas urgentes y perdiendo el apoyo de sus antiguos aliados. El anuncio, hecho tras un fin de semana de consultas y reflexión, pone fin de forma abrupta a una legislatura marcada por la inestabilidad y la fragmentación parlamentaria.
La caída de los decretos de vivienda, impulsados tras la presión social por el desahucio de una mujer de 87 años en Madrid, fue el detonante. Junts, clave en la investidura de Sánchez, se unió a la derecha y tumbó las propuestas del Gobierno. Así quedó clara la falta de apoyos sólidos en la Cámara. El propio presidente admitió que ni siquiera podía aprobar medidas de emergencia, lo que precipitó la convocatoria electoral.
El primer decreto de vivienda fue rechazado por 178 votos contra 172, mientras que el segundo obtuvo 184 votos en contra y solo 166 a favor.
En su comparecencia, Sánchez defendió su gestión. Habló de la respuesta a crisis inéditas, del crecimiento económico y de la modernización del país con fondos europeos. No ahorró críticas a la oposición, a la que acusó de bloquear políticas sociales y boicotear desde las autonomías. Señaló directamente a gobiernos regionales como el de Isabel Díaz Ayuso por privatizar hospitales y favorecer intereses inmobiliarios. Aun así, reconoció errores y la necesidad de una mayoría progresista más amplia para avanzar en vivienda y servicios públicos.
El adelanto electoral no es un movimiento improvisado. A diferencia de 2023, cuando la convocatoria fue inmediata tras el batacazo municipal, esta vez Sánchez ha escuchado a su entorno y ha medido el momento. El PSOE busca movilizar a un electorado progresista desilusionado tras una legislatura convulsa, marcada por la ley de amnistía, crisis migratorias como la de Ceuta y escándalos de corrupción que han salpicado a figuras clave del partido.
La derecha afronta la cita con euforia. Las encuestas privadas apuntan a una suma de PP y Vox por encima del 50% de los votos. Esto podría poner fin a ocho años de ciclo progresista. El espacio a la izquierda del PSOE llega debilitado y fragmentado, sin candidato definido y con la posibilidad de concurrir dividido si no se reconduce la ruptura con Podemos. El contexto recuerda lo analizado recientemente sobre el auge de la ultraderecha y la descomposición de mayorías en el Parlamento.
El paquete de medidas rechazado incluía la prórroga automática de contratos de alquiler, límites al aumento de rentas y restricciones a la compra de viviendas por fondos de inversión. Tras la votación, ambas normativas pierden vigencia y el Gobierno queda sin base legal para intervenir en el mercado del alquiler.
El fracaso parlamentario de los decretos de vivienda ha dejado al Gobierno solo y ha puesto fin a una legislatura sin presupuestos aprobados y con la mayoría evaporada. Junts, que facilitó la investidura a cambio de la ley de amnistía, ha terminado por dinamitar la legislatura al unirse a PP y Vox en votaciones clave. La crisis de Ceuta y la gestión migratoria ya habían desgastado al PSOE, pero la vivienda se ha convertido en el nuevo eje de la agenda política. La izquierda intenta ahora capitalizar el malestar social ante el encarecimiento del alquiler.
El Consejo de Ministros extraordinario formalizará la convocatoria electoral. En La Moncloa ya se trabaja en la redacción de los decretos de vivienda que volverán a la mesa, aunque no está claro si serán idénticos o revisados. La política española entra en modo electoral. La campaña oficial arrancará dos semanas antes de la votación, pero todos los partidos ya están en plena batalla por el voto.
El mandato de Sánchez termina sin haber presentado un solo presupuesto en tres años, algo inédito en la democracia reciente. La dependencia de Junts y la aprobación de la ley de amnistía para los condenados del procés marcaron el inicio de la legislatura, pero la ruptura con los independentistas ha sido definitiva. El desgaste judicial, con condenas y procesos abiertos contra colaboradores y familiares del presidente, ha añadido presión a un Ejecutivo que sobrevivió a crisis como la dana de Valencia, pero no ha resistido el colapso parlamentario.
La convocatoria de elecciones anticipadas reconoce que el Gobierno ha perdido la capacidad de gobernar y negociar. El PSOE se juega su futuro en un escenario polarizado, con la derecha crecida y la izquierda dividida. El desenlace de noviembre será decisivo para el rumbo político de España, que afronta el reto de reconstruir mayorías y recuperar la estabilidad institucional tras una de las legislaturas más turbulentas de las últimas décadas.
La fecha de las elecciones, el domingo 29 de noviembre de 2026, fue confirmada oficialmente por el presidente tras la notificación al jefe del Estado y la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario, según lo previsto en el comunicado institucional del Gobierno.
