Pedro Sánchez se opone a los campos de deportación en la UE y defiende la regularización de inmigrantes en España. El presidente español se queda aislado ante la presión de otros líderes europeos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, protagonizó un enfrentamiento directo con varios líderes europeos durante la última cumbre de la UE, al rechazar de forma tajante la propuesta de crear campos de deportación para inmigrantes irregulares. La medida, impulsada por países como Dinamarca e Italia, busca establecer “hubs de retorno” fuera del territorio comunitario para acelerar las expulsiones, una idea que ha ganado fuerza en el contexto del endurecimiento de la política migratoria europea.
Durante el debate, Sánchez fue el único en oponerse abiertamente a esta iniciativa, defendiendo que los campos de deportación no ofrecen una solución real y contradicen los valores fundamentales de la Unión Europea. Según fuentes de la delegación española, el presidente argumentó que la experiencia demuestra la ineficacia de estos centros y advirtió sobre el mensaje negativo que envían a los países de origen y tránsito.
La discusión se intensificó cuando la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, cuestionó la regularización extraordinaria de inmigrantes que se está aplicando en España, sugiriendo que esta política afecta a los países vecinos. Aunque la Comisión Europea ya ha señalado que la regularización es competencia exclusiva de cada Estado miembro, Sánchez aprovechó para explicar en detalle el modelo español, subrayando que la mayoría de los regularizados son latinoamericanos con años de residencia y trabajo en el país, lo que facilita su integración.
El presidente español insistió en que la reducción de la inmigración irregular en España es resultado de una gestión basada en el control de flujos, la colaboración con países de origen y tránsito, y la aplicación del pacto de migración y asilo aprobado bajo presidencia española. Sánchez destacó que, en el último año, las llegadas irregulares a las Islas Canarias han caído un 71%, y el total de entradas irregulares al país se ha reducido un 35%.
Mientras tanto, la mayoría de los Estados miembros apuestan por políticas más restrictivas y ya negocian con terceros países la apertura de los primeros campos de deportación. El comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, reconoció que la regularización española puede tener impacto en otros países, aunque matizó que la situación de España es particular por el perfil de los inmigrantes regularizados, en su mayoría latinoamericanos con lazos culturales y lingüísticos.
El debate sobre los campos de deportación se produce en un momento en que la presión migratoria y el auge de la ultraderecha han endurecido el discurso en la UE. La entrada en vigor del nuevo pacto migratorio europeo refuerza los controles y acelera los procedimientos de expulsión, consolidando una tendencia hacia una Europa más cerrada. Sin embargo, España mantiene su apuesta por la integración y la regularización, desmarcándose de la línea dominante en Bruselas.
Según datos de la Comisión Europea, la regularización en España no otorga automáticamente derechos de residencia o trabajo en otros países de la UE, lo que limita su impacto fuera del territorio nacional. El debate sobre la gestión de la inmigración sigue siendo uno de los principales focos de tensión entre los socios europeos, con España defendiendo una vía propia frente a la presión de endurecer las políticas comunes.
