En Cataluña casi 700 mil personas viven en extrema pobreza. El número de personas en situación crítica sigue creciendo en Cataluña a pesar del avance económico. Las ayudas sociales sólo alcanzan a una pequeña parte de los afectados. La burocracia y las nuevas normativas dificultan el acceso a la asistencia.
En Cataluña, la situación de pobreza es cada vez más preocupante. A pesar de la disminución del desempleo y el crecimiento económico, el número de personas en extrema necesidad no baja. Según los últimos datos, casi 700.000 personas —el 8,6% de la población— sufren graves carencias materiales y sociales. Se esperaba que para 2025 la proporción de personas en riesgo de exclusión social disminuyera, pero en la práctica supera el 20%.
El problema se agrava porque las medidas de apoyo existentes solo llegan a una pequeña parte de quienes lo necesitan. La Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) la reciben apenas 136.000 personas, aunque quienes requieren ayuda son varias veces más. Obtener esta prestación es cada vez más complicado: las autoridades han ampliado el plazo de resolución de solicitudes de cuatro a ocho meses y ahora ya no es posible recurrir si se rechaza. Para muchas familias, este proceso se convierte en un auténtico laberinto de trabas burocráticas.
Infancia y familias, las más golpeadas
El problema se siente con especial dureza entre las familias con hijos. En la región, 167.000 menores viven en condiciones de extrema necesidad. Además, la media que los habitantes de Cataluña destinan a la hipoteca es de 688 euros al mes, mientras que alquilar resulta aún más caro —731 euros. Quien recibe una ayuda social mínima, tras pagar la vivienda, apenas le quedan unas pocas decenas de euros para el resto de gastos. Para las familias numerosas la situación tampoco mejora: incluso con la máxima ayuda, a cada miembro le correspondería poco más de cien euros al mes.
Apoyo social: ¿formalidad o ayuda real?
El sistema de protección social en Cataluña recibe cada vez más críticas por su ineficacia. Aunque la RGC fue concebida como una medida universal de apoyo, en la práctica solo llega a una quinta parte de quienes realmente necesitan ayuda. La burocracia y las nuevas normativas complican aún más el acceso a las prestaciones. Muchos consideran que las autoridades no ven el apoyo social como un derecho fundamental, sino que lo convierten en un trámite complejo lleno de restricciones.
Como resultado, a pesar del crecimiento económico y la reducción del desempleo, el nivel de pobreza en Cataluña no solo no disminuye, sino que se vuelve crónico. Para miles de familias, salir de la pobreza sigue siendo un sueño inalcanzable, y la ayuda estatal, un lujo inaccesible.
