El juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, quedará en manos de solo nueve madrileños. Ellos decidirán el veredicto que marcará el destino judicial de una de las figuras más vigiladas del país. La expectación es alta. La selección de estos jurados no es cuestión de azar inmediato. Detrás hay un proceso reglado y largo que empieza mucho antes de que el caso llegue a la sala.
Todo parte de una lista de 2.846 madrileños, mayores de edad y residentes en la Comunidad de Madrid. Fueron elegidos por sorteo en septiembre de 2024 por la Oficina del Jurado de la Audiencia Provincial. El número no es casual. Es el resultado de un cálculo legal: equivale a 50 veces los juicios con jurado previstos en Madrid para el bienio 2025-2026, según la Ley Orgánica 5/1995 del Tribunal del Jurado.
El juez instructor Juan Carlos Peinado envió a Begoña Gómez a juicio con jurado el 21 de septiembre de 2026, acusada de tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.
Los seleccionados recibieron una carta certificada avisando de su inclusión en la lista. En la carta se les recuerda que ser jurado es un derecho y, salvo incompatibilidades o prohibiciones, también una obligación. Junto a la notificación, se adjunta un formulario para pedir la exclusión si hay una causa justificada: edad, haber sido jurado hace poco o problemas familiares graves.
Pero el filtro no acaba ahí. Para el caso de Begoña Gómez, habrá un nuevo sorteo entre los 2.846 candidatos. De ahí saldrán 36 personas. Estas podrán presentar excusas documentadas, como haber cumplido 65 años, tener trabajos de interés general o cargas familiares que impidan participar. Tras una vista para revisar las excusas, deben quedar al menos 20 candidatos válidos.
En la última fase, acusaciones y defensas podrán interrogar a los aspirantes. No podrán preguntarles directamente por su orientación política. Cada parte podrá vetar hasta cuatro candidatos sin dar explicaciones. Si hay varias acusaciones o defensas, tendrán que ponerse de acuerdo en los vetos. El proceso termina cuando quedan 11 personas sin vetar: nueve titulares y dos suplentes.
El proceso judicial incluye también a la asesora Cristina Álvarez, implicada por presunta malversación, y se centra en tres bloques: la creación de una cátedra en la Universidad Complutense, el uso de recursos públicos para fines privados y el supuesto uso personal de software universitario. La universidad reclama una compensación superior a 113.500 euros.
Estos ciudadanos, elegidos bajo reglas de independencia y responsabilidad, serán quienes escuchen el caso y respondan a las preguntas del magistrado presidente. Su veredicto, basado en los hechos probados, servirá para que el juez redacte la sentencia que absuelva o condene a Begoña Gómez.
El jurado en España es poco habitual frente a otros países europeos. Se reserva para delitos graves y casos de especial interés público. La transparencia y la pluralidad en la selección buscan asegurar la imparcialidad, aunque los vetos y excusas pueden dejar fuera perfiles clave. En este contexto, el juicio a Begoña Gómez pone a prueba el modelo de justicia participativa y la confianza ciudadana en el sistema judicial. La presión mediática y política es alta en cada paso, pero el rigor legal y el sorteo siguen siendo el único escudo ante cualquier sospecha de parcialidad.
El caso ha tenido un fuerte impacto político y mediático. El proceso podría alargarse y coincidir con el ciclo electoral de 2027, según medios como 20minutos y la agencia EFE.
