España solo ha gastado una cuarta parte de los fondos europeos para prevenir incendios desde 2022. Más de 190 proyectos siguen pendientes. Las comunidades gestionan la mayoría del dinero.
España afronta una nueva temporada de incendios forestales con una ejecución muy baja de los fondos europeos destinados a la prevención y gestión forestal. Desde 2022, solo se ha invertido una cuarta parte de los 401 millones de euros asignados a este fin, según los últimos datos oficiales. De los más de 310 proyectos previstos, apenas se han puesto en marcha actuaciones en unos 120, mientras que 190 planes, que representan 295 millones de euros, siguen sin materializarse.
La gestión de estos fondos recae principalmente en las comunidades autónomas, que han ejecutado el 58% del dinero gastado hasta ahora, es decir, algo más de 61 millones de euros. El Estado, por su parte, solo ha gestionado directamente 28 millones, mientras que el resto ha pasado por entes instrumentales y, en menor medida, por corporaciones locales. El retraso en la ejecución se produce en un contexto de incendios recurrentes y devastadores, con veranos especialmente críticos en los últimos años.
El componente cuarto del Plan de Recuperación, centrado en Ecosistemas y Biodiversidad y dotado con 1.643 millones de euros, incluye una línea específica para la prevención de incendios y la gestión forestal. Sin embargo, la ejecución de estos fondos ha sido desigual. En 2022 y 2025 se registraron las mayores inversiones, con entre 40 y 50 millones gastados cada año, frente a los apenas seis millones de 2024 y poco más de tres millones en lo que va de 2026.
Entre los proyectos más relevantes destaca la renovación de diez aviones canadienses por 22 millones de euros, una iniciativa que sigue sin resolverse tras la cancelación del concurso abierto en 2022 por un error administrativo. Este contratiempo deja en el aire el futuro de esos fondos, que previsiblemente deberán reasignarse a otros proyectos similares. Además, está pendiente la compra de 40 camiones autobomba por doce millones, mientras que el resto de las actuaciones, de menor cuantía, se reparten sobre todo entre las comunidades autónomas.
La AIReF ha advertido sobre la falta de datos fiables para evaluar el verdadero coste fiscal de los incendios en España. Entre 2005 y 2025, el gasto público relacionado con incendios forestales ha alcanzado los 615 millones de euros, marcado por grandes siniestros como el de Guadalajara en 2005 y el de Galicia en 2006. Sin embargo, la institución señala que solo se contabilizan ayudas y compensaciones aprobadas tras la declaración de zonas catastróficas, por lo que el impacto real podría ser mayor.
El retraso en la ejecución de los fondos no implica necesariamente que se hubieran evitado los incendios recientes, pero sí podría haber contribuido a reducir sus efectos. El hito inicial del componente cuarto del Plan de Recuperación, centrado en medios aéreos, fue modificado en 2023 para priorizar actuaciones más generales como digitalización, cartografía y recuperación de biodiversidad, lo que ha facilitado justificar el uso de los fondos pero ha diluido el enfoque en la extinción directa.
La falta de ejecución de los fondos europeos para la prevención de incendios se suma a otros debates sobre la gestión de recursos ante el cambio climático y la protección de los ecosistemas. En este contexto, la tensión política ha ido en aumento, como se reflejó cuando el PP rechazó negociar un pacto de Estado sobre cambio climático tras una serie de incendios, un episodio que generó debate sobre la relación entre fuegos y políticas públicas (más detalles sobre el rechazo del PP a un pacto climático).
En el contexto europeo, España es uno de los países más afectados por incendios forestales, especialmente en verano. La superficie quemada en los últimos años ha superado la media de la última década, y las previsiones para 2026 apuntan a un posible récord si la tendencia continúa. La modernización de medios y la mejora de la gestión forestal siguen siendo retos pendientes, mientras la presión sobre las administraciones aumenta ante la cercanía del fin del plazo para ejecutar los fondos europeos.
