El ministro Ángel Víctor Torres estima que hasta 500.000 nuevos nacionalizados podrán votar en 2027. El Gobierno rechaza las acusaciones del PP sobre manipulación del censo y defiende la legalidad del proceso.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha confirmado que cerca de medio millón de personas podrían obtener la nacionalidad española y el derecho a voto en las próximas elecciones generales de 2027, gracias a la Ley de Memoria Democrática. Esta previsión llega en medio de una fuerte polémica política, después de que el Partido Popular acusara al Gobierno de manipular el censo y de intentar influir en los resultados electorales mediante la llamada ley de nietos.
Torres ha subrayado que el proceso de nacionalización sigue los mismos criterios que en legislaciones anteriores y que no se ha acelerado ningún trámite de forma excepcional. Según sus datos, más de 300.000 personas ya disponen de pasaporte español y unas 600.000 tienen reconocida la nacionalidad, aunque la resolución de todos los expedientes podría prolongarse durante años. El ministro ha recordado que tanto gobiernos socialistas como populares han impulsado en el pasado reformas similares para facilitar la adquisición de la nacionalidad a descendientes de españoles en el extranjero.
El debate se ha intensificado tras la instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que presume la condición de exiliado para quienes salieron de España entre 1936 y 1955. Torres ha defendido que la medida responde a la realidad de una dictadura que forzó la emigración de miles de personas, y ha criticado la controversia generada por el PP, calificando de hipócrita su postura en función del país en el que se pronuncian.
Respecto a la asignación de circunscripciones electorales para los nuevos nacionalizados, el ministro ha explicado que se determina por el lugar de nacimiento del antepasado español, siempre que exista documentación que lo acredite. Aunque no dispone de cifras exactas sobre la distribución provincial, ha señalado que casi la mitad de las solicitudes provienen de Argentina, donde residen importantes comunidades gallegas, canarias y asturianas.
El volumen de solicitudes ha obligado a reforzar los servicios consulares, pero Torres ha insistido en que la validación de los expedientes corresponde exclusivamente a funcionarios públicos. Ha rechazado las dudas sembradas por dirigentes populares como Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso sobre la integridad del proceso, calificando sus declaraciones de irresponsables.
En cuanto a la percepción de “lawfare” en España, el ministro ha defendido la profesionalidad de la mayoría de los jueces, aunque ha admitido que existen casos que generan controversia, como la actuación del juez Juan Carlos Peinado en la investigación sobre la esposa del presidente del Gobierno. Torres considera que la judicialización de la política perjudica la confianza en las instituciones y ha recordado que el PSOE ha apartado a sus cargos investigados, a diferencia de otros partidos.
El caso de Víctor de Aldama, cuya condena fue reducida tras colaborar con la justicia en el caso Koldo, también ha sido abordado por Torres. El ministro ha reiterado que nunca solicitó dinero a Aldama y ha presentado una denuncia por daños a su honor. La reciente decisión del Tribunal Supremo de evitar la prisión para Aldama ha reabierto el debate sobre la eficacia de los pactos en la lucha contra la corrupción, como se analizó en un reportaje anterior sobre la sentencia del caso Koldo.
Torres también ha respondido a las críticas del PP sobre la regularización de inmigrantes y el acceso a servicios públicos, recordando que gobiernos anteriores, como el de José María Aznar, llevaron a cabo procesos similares. Ha acusado al PP de endurecer su discurso por motivos electorales y de contribuir al auge de Vox al asumir parte de su retórica. Según el ministro, la ultraderecha ha logrado imponer sus tesis en varias comunidades autónomas gracias a la estrategia de los populares.
En el ámbito de la Memoria Democrática, Torres ha lamentado los obstáculos judiciales y políticos que retrasan la resignificación del Valle de Cuelgamuros, un proyecto que considera fundamental para la democracia española. El Gobierno trabaja para iniciar las obras lo antes posible, pese a la posibilidad de que un cambio de mayoría política pueda paralizarlas. Además, el catálogo de símbolos contrarios a la ley sigue ampliándose, y se prevén sanciones económicas para quienes no retiren elementos de exaltación franquista.
La Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, busca reparar a las víctimas de la dictadura y facilitar el acceso a la nacionalidad a descendientes de exiliados. El proceso de nacionalización ha generado un intenso debate político, especialmente por su posible impacto en el censo electoral. La gestión de los expedientes y la transparencia del procedimiento siguen siendo objeto de escrutinio público. El contexto internacional muestra que España no es el único país que afronta retos similares en materia de memoria histórica y derechos de ciudadanía.
