La Guardia Civil ha abierto diligencias contra tres personas en Castellón por su presunta implicación en incendios forestales. Los hechos han generado alarma y refuerzan la vigilancia en la zona. Las sanciones pueden alcanzar los 600.000 euros.
Tres personas están siendo investigadas en la provincia de Castellón por su supuesta implicación en la provocación de incendios forestales en diferentes puntos del territorio. La Guardia Civil ha confirmado la identificación de los sospechosos, en el marco del Plan Especial de Prevención y Actuación en Incendios Forestales, que busca reducir la incidencia de estos sucesos y localizar a los responsables cuando se producen.
El primer caso se remonta al 13 de junio, cuando un incendio nocturno en una parcela agrícola de Soneja afectó a unos 45 metros cuadrados y generó inquietud entre los vecinos por la cercanía de las llamas al núcleo urbano. Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Segorbe identificaron a un hombre de 64 años como presunto autor, tras determinar que el fuego habría sido provocado de forma intencionada mediante un producto incendiario. La Guardia Civil aclara que este incidente no está relacionado con el fuego declarado el 6 de julio en el mismo municipio.
En una segunda intervención, el SEPRONA de Castellón investigó a un hombre de 38 años por un presunto delito de tentativa de incendio forestal, tras un conato registrado el 20 de junio en la carretera CV-190, a la altura de Adzaneta. Los agentes inspeccionaron la zona para valorar el riesgo de propagación hacia la masa forestal, dada la proximidad del foco.
El tercer caso fue abordado por el SEPRONA de Sant Mateu, que atribuye a otro varón un presunto delito contra la seguridad colectiva por incendio forestal. Según la investigación, el origen del fuego estaría vinculado a una hoguera realizada por el sospechoso, que terminó alcanzando una zona forestal.
Las diligencias de los tres casos han sido remitidas a la autoridad judicial competente. La Guardia Civil recuerda que los incendios forestales pueden acarrear sanciones administrativas de hasta 600.000 euros, además de posibles responsabilidades civiles y penales por los daños y los costes de extinción.
El instituto armado insiste en la necesidad de extremar las precauciones durante el verano, periodo de mayor riesgo por las altas temperaturas y la acumulación de vegetación seca. Entre las recomendaciones figuran evitar quemas no autorizadas, no arrojar colillas ni materiales combustibles en zonas forestales, y avisar a los servicios de emergencia ante cualquier indicio de fuego.
La vigilancia y prevención de incendios forestales se mantiene activa durante todo el año, con un refuerzo especial en la campaña estival y en coordinación con otros organismos implicados en la protección del medio ambiente. En situaciones recientes, como el avance del fuego en Asín que obligó a evacuar viviendas y cortar carreteras, la rápida actuación de los servicios de emergencia ha sido clave para limitar los daños, tal como se detalla en este análisis sobre el incendio en Zaragoza.
La Guardia Civil recuerda que cualquier aviso puede comunicarse a través del teléfono 062 o del servicio de emergencias 112. En España, los incendios forestales representan una de las principales amenazas ambientales durante el verano. Según datos oficiales, la mayoría de los fuegos tienen origen humano, ya sea por negligencia o por acción intencionada. Las campañas de prevención y la colaboración ciudadana son fundamentales para reducir el número de incidentes y minimizar su impacto. La legislación española contempla penas de prisión para los responsables de incendios graves, además de cuantiosas multas económicas. La coordinación entre cuerpos de seguridad, servicios de emergencia y administraciones locales resulta esencial para la detección temprana y la rápida intervención ante cualquier conato.
