El miedo a ser llamado para uno de los juicios más mediáticos del país ha irrumpido en la vida de un consultor informático de Madrid. Está entre los 2.846 candidatos a formar parte del jurado popular que podría decidir el futuro judicial de Begoña Gómez. La esposa del presidente del Gobierno está acusada de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. El caso ha puesto el foco en cómo se eligen ciudadanos anónimos para un proceso con fuerte carga política y social.
Antonio —nombre ficticio para proteger su identidad— recibió en septiembre de 2024 una carta certificada de la Oficina del Jurado de la Audiencia Provincial de Madrid. El documento le informaba de que, tras un sorteo basado en el censo electoral, su número había salido elegido para el bienio 2025-26. Desde entonces, la posibilidad de ser convocado para un juicio de este calibre le ha generado una inquietud constante. La reciente decisión del juez Peinado de enviar a Begoña Gómez a juicio ha aumentado esa preocupación.
El juez Juan Carlos Peinado envió el caso a juicio con jurado justo antes de su jubilación, lo que ha añadido un matiz de resonancia política y procesal al proceso.
El consultor, de entre 50 y 60 años, revisó uno a uno los motivos legales que permiten evitar la función de jurado: tener más de 65 años, discapacidad, haber sido jurado en los últimos cuatro años, cargas familiares graves, trabajo de interés general insustituible o vivir en el extranjero. Ninguno de estos casos se aplicaba a él. Así, Antonio sigue en la lista de elegibles, sin saber si acabará sentado en un juicio que lleva dos años llenando titulares y debates en televisión.
La presión mediática y la falta de formación jurídica son dos cosas que más le inquietan. Antonio cree que no es lógico que personas sin conocimientos legales o policiales tengan que decidir sobre la inocencia o culpabilidad en casos tan complejos. Es crítico con el sistema de jurado popular. La idea de participar en el juicio a Begoña Gómez le resulta incómoda por la exposición pública y la tensión que rodea el caso.
El Gobierno ha mostrado dudas sobre la imparcialidad de un jurado formado por ciudadanos que llevan años expuestos a la cobertura mediática del caso. Antonio también señala que tanto el Ejecutivo como la opinión pública han intentado influir en el proceso, lo que complica aún más la labor del tribunal popular. Reconoce que no conoce en detalle los delitos que se imputan a la esposa de Pedro Sánchez, más allá de lo que ha visto en televisión.
El proceso judicial contra Begoña Gómez se instruyó durante casi dos años y medio tras una denuncia de la organización Manos Limpias, y será juzgado por nueve miembros del jurado popular y un magistrado presidente en la Audiencia Provincial de Madrid.
El procedimiento marca que, antes de empezar el juicio, se seleccionarán 36 candidatos para una vista previa. Allí podrán alegar causas justificadas para ser excluidos. Si al menos 20 son considerados válidos, el proceso sigue adelante. Al final, se eligen nueve titulares y dos suplentes para formar el jurado. Cada parte puede vetar a cuatro candidatos tras interrogarles.
La experiencia de Antonio muestra la tensión que puede provocar el sistema de jurado popular en casos de alto perfil. Mientras espera que la suerte no le coloque en el centro de este proceso, su caso deja ver las dudas sobre la preparación y protección de los ciudadanos llamados a decidir en juicios con fuerte carga política y mediática. En otros ámbitos, figuras públicas han hablado de cuestiones personales y mediáticas, como en la entrevista reciente a José Coronado. Esto muestra cómo la exposición pública puede afectar tanto a protagonistas como a ciudadanos anónimos.
El sistema de jurado popular en España, instaurado en 1995, busca acercar la justicia a la sociedad. Pero su funcionamiento sigue en debate, sobre todo en procesos con mucha repercusión mediática. La selección aleatoria de ciudadanos para casos de corrupción, asesinato o cohecho plantea dudas sobre la imparcialidad y la presión externa. La experiencia de Antonio deja claro que hace falta revisar los mecanismos de protección y formación para quienes, por azar, pueden verse implicados en decisiones judiciales de gran peso. En un momento en que la confianza en las instituciones es clave, la transparencia y el apoyo a los miembros del jurado son esenciales para que los veredictos en casos tan delicados sean legítimos.
Según información de la agencia EFE, el juicio probablemente no empezará antes de finales de 2027 por los plazos de selección y el calendario judicial.
