Un arrepentido de ETA, ahora testigo protegido, ha aportado a la justicia información clave sobre el control de la cúpula de la banda sobre exmilitantes refugiados en terceros países. Su testimonio se suma a la investigación sobre la presencia de etarras en Venezuela.
Un antiguo miembro de ETA, convertido en testigo protegido, ha ofrecido a la Guardia Civil un testimonio inédito sobre el funcionamiento interno de la cúpula de la organización y el control que ejercía sobre los militantes refugiados fuera de España. Su declaración, recogida en junio de 2023 y recientemente incorporada a la causa abierta en la Audiencia Nacional, aporta detalles sobre la estructura de mando y los mecanismos de supervisión que la banda mantuvo hasta su disolución en 2018.
Identificado bajo el código TP-GC-003-DI-9/23 para preservar su anonimato, el exetarra explicó que decidió colaborar con la justicia de manera voluntaria. Según su relato, la dirección de ETA estaba compuesta por 12 personas, de las cuales cinco integraban el denominado Zuzendaritza Batzordea (Zuba), el núcleo encargado de tomar decisiones clave, incluidas acciones terroristas y secuestros. Además, describió la existencia de varios aparatos internos, como el político, militar, internacional y logístico, cada uno con departamentos específicos, desde la formación en explosivos hasta la gestión de fronteras y vehículos robados.
El testigo subrayó el papel central del aparato internacional, responsable de la compra de armas, falsificación de documentos y apoyo logístico a los refugiados. Según su testimonio, este aparato estaba dirigido en su época por Josu Ternera (José Antonio Urrutikoetxea), actualmente bajo control judicial en Francia. Dentro de esta estructura, el llamado Comité de Deportados se encargaba de supervisar a los etarras ocultos en terceros países, imponiendo normas de conducta y cohesionando a los miembros con la organización, incluso en el exilio.
La investigación, impulsada por la Fiscalía y la asociación Dignidad y Justicia, se centra en la posible presencia de 14 exetarras en Venezuela, entre ellos Iñaki de Juana Chaos y José Luis Eciolaza Galán, alias Dienteputo. Ya hay siete imputados en la causa, que analiza el papel del Colectivo de Huidos Políticos Vascos (EIPK), órgano subordinado a la dirección de ETA y utilizado para mantener el control sobre los huidos. El testimonio del arrepentido refuerza la línea de investigación sobre cómo la banda gestionaba a sus miembros en el extranjero, limitando su regreso a España o Francia solo por necesidades de la organización y asignando roles de simpatizantes a quienes intentaban desvincularse.
El control no se limitaba al ámbito económico. El exmiembro relató que los refugiados recibían visitas anuales de abogados y representantes de la izquierda abertzale, quienes recababan información sobre posibles actitudes disidentes. En algunas zonas, un responsable local informaba a la dirección sobre comportamientos inadecuados, lo que podía derivar en expulsiones internas. Además, la gestión de fondos para los huidos recaía en estos responsables, asegurando la dependencia económica y organizativa de los exiliados respecto a la cúpula.
La Guardia Civil ha intensificado en los últimos años la búsqueda de antiguos miembros de ETA dispuestos a colaborar, especialmente aquellos que formaron parte de comandos armados o tuvieron contacto directo con la dirección. No es la primera vez que exetarras se convierten en testigos protegidos: en 2023, otros dos antiguos miembros aportaron información relevante en causas como los atentados contra Miguel Ángel Blanco y Gregorio Ordóñez. Sin embargo, según los informes policiales, ninguno había estado tan próximo a la cúpula como el actual testigo protegido.
El caso se enmarca en una tendencia judicial de aprovechar la colaboración de exmiembros de organizaciones criminales para esclarecer delitos sin resolver. Este enfoque ha sido objeto de debate en otras investigaciones recientes, como la decisión del Supremo sobre la suspensión de la pena a Víctor de Aldama tras su cooperación en el caso Koldo, analizada en un reportaje anterior sobre pactos judiciales y lucha anticorrupción.
ETA, considerada responsable de más de 800 muertes durante su actividad, anunció su disolución en 2018. La Audiencia Nacional mantiene abiertas varias causas relacionadas con atentados sin autor identificado y la localización de huidos. El uso de testimonios protegidos se ha consolidado como herramienta clave para avanzar en estas investigaciones, aunque plantea retos legales y éticos sobre la protección de los colaboradores y la obtención de pruebas. El caso actual pone de relieve la complejidad de desmantelar las redes de apoyo y control que la organización mantuvo incluso tras su desaparición formal.
