Un alto mando de la Guardia Civil denunció presiones para no acudir al Día de la Comunidad de Madrid. El conflicto revela la creciente politización en la cúpula del cuerpo. La decisión final permitió la asistencia tras una tensa negociación.
Un conflicto inédito sacude a la Guardia Civil tras la denuncia de un general de división contra un teniente general por presuntas presiones políticas. Según informa ABC, el teniente general Luis Antonio del Castillo Ruano, jefe del Mando de Operaciones, trasladó al general jefe de Madrid, Fernando Mora Moret, una instrucción directa de la directora general Mercedes González para que no asistiera a los actos oficiales del 2 de mayo de 2025 en la Comunidad de Madrid.
La orden, que llegó en pleno boicot del Gobierno de Pedro Sánchez al ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso, coincidió con la prohibición de la tradicional parada militar en homenaje a los héroes del Dos de Mayo. La conversación entre Del Castillo y Mora, registrada en una grabación a la que tuvo acceso ABC, muestra la presión ejercida para que Mora se ausentara del evento, pese a la ausencia de motivos oficiales para justificarlo.
Fernando Mora defendió la imparcialidad de la Guardia Civil y se negó a excusarse sin causa, argumentando que el cuerpo no debía ser instrumentalizado en disputas políticas. Del Castillo insistió en que la orden procedía del Ministerio y que la directora general estaba implicada, subrayando la necesidad de obedecer. La tensión aumentó cuando Mora expresó su rechazo a pedir el pase a la reserva y calificó la decisión como un desprecio hacia la Comunidad de Madrid y su presidenta.
Finalmente, tras una conversación directa con Mercedes González, Del Castillo autorizó la presencia de Mora en los actos oficiales. La directora general era consciente de que un cese podría desencadenar un nuevo conflicto judicial, especialmente tras la reciente restitución de Pérez de los Cobos por el Tribunal Supremo. Así, Mora acudió finalmente a la conmemoración del 2 de mayo, pese a la presión inicial para que no lo hiciera.
El trasfondo de este episodio refleja la creciente percepción de politización en la cúpula de la Guardia Civil. No es la primera vez que se denuncian órdenes para proteger intereses políticos, como ocurrió cuando el entonces director adjunto operativo, Manuel Llamas, pidió a la UCO que evitara implicarse en investigaciones sensibles para el Ejecutivo socialista. La grabación de la conversación entre Del Castillo y Mora se suma a una serie de episodios que han generado inquietud sobre la neutralidad del cuerpo.
La prohibición de la parada militar del Dos de Mayo, vigente desde 1996, fue otro punto de fricción. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, llegó a enviar una carta a la ministra de Defensa solicitando reconsiderar la medida. Mientras tanto, la marcha militar en honor a los héroes del 2 de mayo sigue celebrándose en Sevilla, lo que ha sido interpretado como un gesto político dirigido contra Madrid.
Este tipo de tensiones institucionales no son exclusivas de la Guardia Civil. En otras regiones, como Valencia, los conflictos internos y las decisiones de la dirección nacional también han generado divisiones, como se refleja en el caso de la candidatura de Pérez Llorca, analizado en este reportaje sobre la situación del PP valenciano.
La Guardia Civil, fundada en 1844, es un cuerpo de naturaleza militar con competencias en seguridad ciudadana y protección de infraestructuras críticas. Su neutralidad institucional ha sido históricamente uno de sus principios fundamentales. Sin embargo, los recientes episodios de presión política y judicialización de ceses han puesto en cuestión la autonomía de sus mandos. El caso de Fernando Mora evidencia la complejidad de mantener la independencia operativa en un contexto de creciente polarización política. La evolución de estos conflictos será clave para el futuro equilibrio entre la autoridad civil y la disciplina militar en España.
