Antifraude detecta riesgos en contratos por 255 millones de euros en Valencia. Un informe provisional de Antifraude ha detectado irregularidades en grandes contratos municipales de Valencia. El foco está en las actuaciones del concejal José Marí Olano y un posible conflicto de intereses. Las conclusiones definitivas se conocerán tras el estudio de las alegaciones.
En Valencia estalla un escándalo en torno a contratos municipales por 255 millones de euros, incluidos 21 millones procedentes de los fondos europeos Next Generation. Un informe provisional de la Agencia Antifraude (Antifraud) ha detectado graves irregularidades en el proceso de adjudicación. En el centro de la polémica se encuentra el asesor de grandes proyectos y miembro de la comisión de contratación, José Mari Olano (PP), cuyas actuaciones, según la agencia, podrían comprometer la legalidad de los contratos y la financiación de la ciudad.
Según el informe, existen posibles conflictos de intereses, errores en las recusaciones y anomalías en el funcionamiento de la comisión de contratos. Antifraud destaca que, en varios casos, Olano no especificó las empresas o personas con las que mantenía vínculos, lo que hace que sus recusaciones sean legalmente cuestionables. La agencia subraya que, para reconocer un conflicto de intereses, es necesario identificar claramente a los implicados y explicar por qué es motivo de recusación.
Respuesta de las autoridades y la oposición
La oposición municipal lleva meses exigiendo a Olano que revele el listado de empresas con las que colabora, ya que desde 2023 tiene delegadas competencias en materia de contratos. Ante la falta de respuesta, los socialistas recurrieron al Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana (Síndic de Greuges), quien en su resolución también instó al asesor a facilitar esa información. Olano trabaja en el ayuntamiento con una dedicación parcial (75%), lo que le permite ejercer la actividad privada.
Según representantes de Compromís, si las conclusiones de Antifraude se confirman, Valencia podría enfrentarse al riesgo de tener que devolver fondos europeos y provocar la paralización de proyectos urbanos clave. Entre ellos están la renovación de las calles Pérez Galdós y Giorgeta, el mantenimiento del sistema de alcantarillado, el desarrollo de huertos urbanos en Orriols y la modernización de instalaciones municipales. La oposición califica la situación como resultado de errores sistémicos de gestión y exige la dimisión de Olano.
La posición del Ayuntamiento y la controversia sobre el informe
Desde el Ayuntamiento de Valencia destacan que el informe de Antifraude es preliminar y que las conclusiones definitivas solo se tomarán tras estudiar todas las alegaciones. El portavoz del partido en el gobierno, Juan Carlos Caballero, afirmó que no conoce los detalles de las alegaciones presentadas y considera prematuro sacar conclusiones antes de la publicación del informe final. También calificó la difusión del informe por parte de Compromís como una “filtración interesada” y rechazó las afirmaciones sobre riesgo para los contratos, considerándolas falsas.
Contexto y relevancia para la ciudad
La situación de los contratos en Valencia se produce en un contexto de otros debates candentes en la región. Recientemente, las autoridades de Valencia y Murcia se pronunciaron a favor de mantener el trasvase Tajo-Segura, mientras que Castilla-La Mancha insiste en pasar a la desalinización del agua. Más detalles sobre el conflicto en torno al reparto de recursos hídricos están disponibles en el reportaje sobre el incremento de la disputa entre regiones.
En las próximas semanas se espera la publicación del informe final de la Oficina Antifraude. De sus conclusiones dependerá no solo el futuro de los grandes proyectos urbanos, sino también la posibilidad de recuperar fondos europeos, lo que podría afectar seriamente al presupuesto de Valencia y a la ejecución de iniciativas de infraestructuras.
