La Audiencia Nacional permitió a la Guardia Civil intervenir el teléfono de Juan Carlos Barrabés en 2026. La medida buscaba esclarecer posibles irregularidades en contratos públicos adjudicados en 2021. La investigación afecta también a directivos de Red.es.
La Audiencia Nacional autorizó en marzo de 2026 la intervención del teléfono de Juan Carlos Barrabés, empresario aragonés y presidente del Grupo Barrabés, en el marco de una investigación sobre presuntas irregularidades en contratos públicos adjudicados por Red.es en 2021. La medida, solicitada por la Fiscalía Europea, permitió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil escuchar durante dos meses las conversaciones del empresario, imputado en la causa derivada del ‘caso Begoña Gómez’.
El juez Antonio Piña, encargado de garantizar los derechos en la investigación, avaló la intervención tras detectar contradicciones entre los testimonios de empleados de Red.es y los correos electrónicos internos analizados por la UCO. Según el auto judicial, la escucha era “idónea y necesaria” para esclarecer si existieron presiones o instrucciones desde niveles superiores para favorecer a la UTE formada por Innova Next —propiedad de Barrabés— y The Valley, adjudicataria de contratos por 8,4 millones de euros para servicios de formación en innovación.
La investigación de la Fiscalía Europea, con sede en Luxemburgo, se centra en posibles delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias. Además de Barrabés, está imputado Luis Prieto, director de Economía Digital de Red.es. Los hechos bajo sospecha ocurrieron entre julio y agosto de 2021, pero la intervención telefónica se solicitó cinco años después, en un contexto de divergencias entre declaraciones y pruebas documentales.
Durante la instrucción, más de 60 personas han declarado ante la Fiscalía Europea en Madrid, incluida Begoña Gómez, quien negó haber intervenido en los contratos investigados. Los empleados de Red.es han defendido que no recibieron presiones, pero los correos electrónicos recogidos por la UCO apuntan a una posible preferencia interna por la oferta de Barrabés. El juez Piña consideró que la dependencia jerárquica de los trabajadores respecto a Luis Prieto y su relación laboral con Red.es podrían haber influido en sus declaraciones.
La intervención telefónica, que se mantuvo en secreto y de forma urgente desde el 18 de marzo de 2026, no aportó información relevante para la causa, según fuentes de la investigación. De haberse obtenido datos significativos, la medida se habría prolongado. La ley exige que este tipo de escuchas solo se autoricen en delitos graves, castigados con al menos tres años de prisión o relacionados con organizaciones criminales o terrorismo.
En paralelo, el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, dirigido por el juez Juan Carlos Peinado, también investiga a Barrabés. En 2024, se ordenó el clonado de su teléfono, pero la Audiencia Provincial de Madrid anuló el análisis y ordenó destruir las copias por falta de motivación y por haberse realizado mientras el empresario estaba hospitalizado. Además, se ha abierto juicio oral contra Barrabés por el apoyo recibido en uno de los contratos, incluyendo una carta de Begoña Gómez como directora de un máster en la Universidad Complutense de Madrid. Recientemente, la causa se ha ampliado para investigar un tercer contrato por presunta prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea.
Red.es es una entidad pública dependiente del Ministerio de Transformación Digital, responsable de impulsar la digitalización en España. La Fiscalía Europea, creada en 2021, tiene competencia para investigar delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea. El caso pone de relieve la complejidad de los procedimientos judiciales en materia de contratación pública y la importancia de los controles internos en organismos estatales. La intervención telefónica, aunque no resultó determinante, refleja el nivel de escrutinio al que están sometidos los procesos de adjudicación de fondos europeos en España.
