Vox ha lanzado una acusación directa contra el Gobierno tras un fin de semana de protestas en las calles por la crisis de la vivienda. El partido dice que el Ejecutivo intenta apropiarse del movimiento social y usar la indignación ciudadana para su propio interés político. Vox sostiene que el Gobierno quiere ser "Gobierno y oposición" al mismo tiempo. Lo llaman una maniobra "vergonzosa".
Carlos Hernández Quero, portavoz de vivienda de Vox, ha fijado la posición del partido. Critica que los partidos del Ejecutivo intenten ponerse al frente de las protestas mientras siguen dictando las políticas que, según Vox, han causado el problema. Hernández Quero afirma que la indignación social es legítima y necesaria, pero rechaza que quienes han gestionado la crisis lideren ahora la respuesta en la calle.
Decenas de miles de personas se manifestaron en Madrid exigiendo la protección de los inquilinos y el fin de los desalojos sin alternativa habitacional tras el desahucio de una pensionista de 87 años.
El partido de Santiago Abascal no respalda las movilizaciones recientes, aunque reconoce el hartazgo de los ciudadanos. Vox insiste en que el Gobierno ha creado un "apocalipsis" en el acceso a la vivienda, con una demanda disparada y una oferta que no llega. Para el partido, la situación es fruto de una "ceremonia de la confusión" orquestada por el Ejecutivo, justo cuando la legislatura entra en su tramo final.
Vox pone el foco en la inmigración. Hernández Quero afirma que la llegada de cinco millones de personas en cinco años, frente a menos de 500.000 viviendas construidas, ha puesto una presión insostenible sobre el mercado. El portavoz ve contradictorio alarmarse por los precios del alquiler y, a la vez, apoyar la inmigración masiva. Vox defiende que limitar la entrada de extranjeros y promover la "remigración" debe ser el primer paso antes de cualquier otra medida para resolver la crisis de la vivienda.
El partido también acusa al Gobierno de favorecer a los arrendadores, garantizándoles una "lista infinita de demandantes" y permitiendo que la escasez de vivienda suba las rentabilidades. Vox rechaza las propuestas que el Ejecutivo negocia con sus socios y cree que el nuevo decreto en discusión no ataca las causas reales del problema. Para Hernández Quero, el Gobierno no quiere corregir su política de vivienda porque eso sería admitir su fracaso.
El Banco de España estima que el déficit de vivienda en el país ronda las 700.000 unidades, lo que constituye un factor clave en la actual crisis habitacional y alimenta la presión social sobre el Gobierno.
El reciente desahucio de Maricarmen en Madrid, que provocó acampadas y protestas en la Puerta del Sol, ha sido uno de los detonantes de la tensión. Como se informó anteriormente, el caso ha puesto la vivienda en el centro del debate público y ha dejado ver el desgaste del Gobierno en la recta final de la legislatura.
La postura de Vox, centrada en la restricción migratoria y el aumento de la oferta de vivienda, marca una línea de choque directa con el Ejecutivo. El partido rechaza cualquier intento del Gobierno de capitalizar la indignación social y exige un cambio de rumbo que, según su diagnóstico, debe empezar por frenar la llegada de extranjeros. En un momento en que la vivienda es el principal foco de malestar, Vox busca diferenciarse con propuestas que priorizan el control migratorio sobre las reformas legislativas. El debate sobre la vivienda en España sigue polarizado y la presión social no afloja.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que el Consejo de Ministros aprobará un real decreto-ley con medidas urgentes para proteger a los inquilinos vulnerables. Subrayó que "no es una cuestión de ideología, sino de humanidad". Según El Mundo, se espera que las nuevas medidas incluyan la suspensión temporal de desalojos y la limitación de alquileres turísticos, en respuesta a las demandas de las organizaciones sociales y la presión de la calle.
