El Ayuntamiento de Toledo vuelve a mostrar la bandera arcoíris tras una votación polémica. Vox rompe el acuerdo tácito con el PP y aplica el reglamento municipal. La decisión sorprende y divide a los grupos políticos.
El Ayuntamiento de Toledo, gobernado por PP y Vox, ha vuelto a exhibir la bandera arcoíris en su balcón institucional tras una decisión inesperada de la vicealcaldesa Inés Cañizares, representante de Vox. La medida se adoptó en la última Junta de Portavoces, donde Cañizares, al presidir la sesión por ausencia del alcalde Carlos Velázquez, optó por someter la cuestión a votación ponderada, dejando de lado el acuerdo verbal que, según el PP, exigía unanimidad para colocar símbolos en la fachada municipal.
La votación sorprendió al portavoz popular José Manuel Velasco, quien inicialmente apoyó la propuesta junto al PSOE e IU-Podemos, pero solicitó un receso para consultar con su grupo. Tras casi un día de deliberación, el PP ratificó su voto favorable, aunque acusó a Vox de romper el consenso que había regido en los dos años anteriores y que impedía la colocación de la bandera durante los actos del Orgullo LGTBIQ+.
Desde el Grupo Municipal Socialista se criticó la forma en que se instaló la enseña, señalando que se hizo "con nocturnidad y alevosía", sin convocatoria institucional ni participación de colectivos. Además, cuestionaron el tamaño reducido de la bandera, que apenas resulta visible en la fachada, lo que consideran un reflejo de la falta de compromiso del alcalde con los derechos LGTBI.
Inés Cañizares defendió su actuación, asegurando que se limitó a aplicar el reglamento municipal y negó la existencia de cualquier acuerdo verbal o escrito que obligara a la unanimidad. Argumentó que la costumbre de exigir consenso era una práctica del alcalde, pero no tenía respaldo legal. Además, recordó la sentencia del Tribunal Supremo que avala la colocación de la bandera LGTBIQ+ en edificios públicos, al no considerarla un símbolo partidista, y subrayó que la decisión podía adoptarse por mayoría simple.
La reacción de la oposición no se hizo esperar. La portavoz socialista, Noelia de la Cruz, acusó a PP y Vox de incumplir el reglamento durante tres años y calificó la situación de "esperpéntica". Por su parte, Txema Fernández, de IU-Podemos, interpretó la tardanza del PP en confirmar su voto como una muestra de sus contradicciones ideológicas y de la influencia de Vox en sus decisiones.
Este episodio se suma a otros recientes desencuentros políticos en España, donde la gestión de símbolos y declaraciones institucionales ha generado tensiones entre partidos. En un contexto donde la exhibición de banderas y la aprobación de resoluciones en plenos municipales suelen requerir consenso, la decisión de Toledo marca un precedente sobre la aplicación estricta del reglamento frente a acuerdos no escritos. En otros casos, como en la reciente condena a un exministro por corrupción, la falta de consenso político también ha sido motivo de debate, como se analizó en un reportaje sobre la sentencia del Supremo a Ábalos.
La bandera arcoíris se ha convertido en un símbolo recurrente de debate en instituciones públicas españolas. El Tribunal Supremo estableció en 2020 que su exhibición no vulnera la neutralidad institucional, siempre que no se identifique con un partido político. En Toledo, la coalición PP-Vox gobierna desde 2023, y la gestión de símbolos en la fachada municipal ha sido motivo de fricción interna. La decisión de Cañizares podría influir en futuras votaciones sobre símbolos y declaraciones institucionales en otros ayuntamientos del país.
