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El gobierno ha enfrentado críticas por su respuesta a la disidencia. En mayo, la ONU advirtió que los periodistas, activistas de derechos humanos y manifestantes que cuestionaban o criticaban a las autoridades no solo corrían riesgo de intimidación, restricciones a sus movimientos y arrestos arbitrarios, sino también enjuiciamientos por difamación y cargos de seguridad nacional.