Un fallo de un tribunal de apelaciones estadounidense ha vuelto a poner en duda el futuro del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Daca), que impide la deportación de cientos de miles de inmigrantes traídos a Estados Unidos cuando eran niños.
La corte de apelaciones del quinto circuito de EE. UU. decidió el miércoles que un juez federal de distrito en Texas, que el año pasado declaró ilegal a Daca, debe revisar el programa nuevamente, luego de las revisiones que la administración Biden adoptó en agosto.
El juez de Texas, Andrew Hanen, determinó que el programa no había sido objeto de notificación pública ni de los períodos de comentarios requeridos por la ley federal de procedimientos administrativos. Pero dejó el programa temporalmente intacto para quienes ya se benefician de él, en espera de la apelación.
El fallo del miércoles de tres jueces del quinto circuito con sede en Nueva Orleans confirma la conclusión inicial del juez. Pero le devuelve el caso para que revise una nueva versión de la regla emitida por la administración de Biden a fines de agosto. La nueva regla entra en vigor el 31 de octubre.
“Un tribunal de distrito está en la mejor posición para revisar el registro administrativo en el proceso de elaboración de normas”, dijo la opinión de la jueza principal del quinto circuito Priscilla Richman, nominada al tribunal por el presidente George W. Bush. Los otros miembros del panel fueron los jueces Kurt Engelhardt y James Ho, ambos designados por el presidente Donald Trump.
“Parece que el statu quo de Daca permanece”, dijo Verónica García, abogada del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, una organización de defensa.
Daca fue adoptada por la administración del expresidente Barack Obama y ha tenido un viaje complicado a través de los desafíos de la corte federal.
Las nuevas reglas de la administración de Biden son en gran parte técnicas y representan pocos cambios sustanciales con respecto al memorando de 2012 que creó Daca, pero estuvo sujeto a comentarios públicos como parte de un proceso formal de elaboración de reglas destinado a mejorar sus posibilidades de sobrevivir legalmente.
En los argumentos de julio en el quinto circuito, el departamento de justicia de EE. UU. defendió el programa, aliado con el estado de Nueva Jersey, organizaciones de defensa de inmigrantes y una coalición de docenas de corporaciones poderosas, incluidas Amazon, Apple, Google y Microsoft.
Argumentaron que los beneficiarios de Daca han crecido para convertirse en motores productivos de la economía estadounidense, manteniendo y creando empleos y gastando dinero.
Texas, junto con otros ocho estados de tendencia republicana, argumentaron que se ven perjudicados financieramente, incurriendo en cientos de millones de dólares en atención médica, educación y otros costos, cuando se permite que los inmigrantes permanezcan ilegalmente en el país. También argumentaron que la Casa Blanca se excedió en su autoridad al otorgar beneficios migratorios que el Congreso debe decidir.
Se espera ampliamente que Daca vaya a la corte suprema por tercera vez. En 2016, la corte suprema llegó a un punto muerto 4-4 sobre un Daca ampliado y una versión del programa para padres de beneficiarios de Daca, manteniendo en vigor una decisión de un tribunal inferior para bloquear los beneficios. En 2020, el tribunal superior dictaminó 5-4 que la administración Trump terminó indebidamente con Daca al no seguir los procedimientos federales, lo que le permitió permanecer en su lugar.
Los beneficiarios de Daca se han convertido en una fuerza política poderosa a pesar de que no pueden votar, pero sus esfuerzos para lograr un camino hacia la ciudadanía a través del Congreso se han quedado cortos en repetidas ocasiones. Cualquier amenaza inminente de perder la autorización de trabajo y exponerse a la deportación podría presionar al Congreso para que los proteja, incluso como medida provisional.
La administración de Biden decepcionó a algunos defensores de Daca con su estrategia legal conservadora de mantener sin cambios la elegibilidad de edad. Los beneficiarios de Daca tenían que haber estado en los Estados Unidos en junio de 2007, un requisito cada vez más fuera de alcance. La edad promedio de un beneficiario de Daca era de 28,2 años a fines de marzo, en comparación con los 23,8 años de septiembre de 2017.
Había 611.270 personas inscritas en Daca a fines de marzo, incluidas 494.350, o el 81%, de México y un gran número de Guatemala, Honduras, Perú y Corea del Sur.