La Puerta del Sol cambió de cara tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba más de setenta años en su piso. Su caso encendió la indignación y sacó a miles de personas a la calle en Madrid. La protesta por la vivienda se convirtió en una muestra de fuerza que no se veía desde hacía tiempo.
El sábado hubo dos marchas en la capital. Una fue contra el Gobierno. La otra, por la tarde, puso el foco en la vivienda. Manifestantes de todas las edades y perfiles caminaron desde Cibeles hasta el Congreso de los Diputados. La policía levantó barreras para cortar el paso directo al Parlamento, pero la gente no se echó atrás.
El desahucio de Maricarmen se produjo tras cuatro intentos fallidos de paralización y una sentencia del Tribunal Supremo que dio la razón al propietario.
Mercedes fue de las primeras en llegar frente a los leones del Congreso. Decía que la vivienda y los desahucios afectan a todos, sin importar edad ni ideas. Para muchos, lo de Maricarmen fue la chispa que faltaba para que la protesta estallara. Algunos comparaban el ambiente con el 15-M y veían posible el arranque de un nuevo ciclo de movilización social.
La marcha avanzó despacio. Había grupos con pancartas y camisetas. La cabecera se atascó en Cibeles. Se notaba impaciencia, pero también decisión. Juan Aguilar, junto a sus amigos en la boca del metro, lo tenía claro: la vivienda es el mayor problema ahora mismo y los poderes públicos deben dejar de tratarla como un negocio. Otros, como Teresa, Jorge y Cristian, pedían que el mercado se regule para que Madrid no acabe siendo solo un parque para turistas y pierda su vida de barrio.
Los cánticos frente al Congreso iban directos contra la presidenta regional, el Consejo de Ministros y las fuerzas de seguridad. Las consignas pedían viviendas dignas y denunciaban la especulación y la falta de respuesta política. Entre los manifestantes estaban figuras de la izquierda como Irene Montero e Ione Belarra. Ellas reclamaron la expropiación de las 650.000 viviendas en manos de fondos de inversión y presionaron al Gobierno para que saque un decreto que frene los desahucios.
El Sindicato de Inquilinas de Madrid fue el principal organizador de la protesta bajo el lema 'Ni una Maricarmen más', y la movilización se extendió a unas 40 ciudades españolas, según datos de El Plural.
Desde el hospital, Maricarmen pidió al presidente Sánchez que el Consejo de Ministros apruebe una norma que sea el primer paso para acabar con el sistema que permitió su desalojo. Su mensaje, difundido por el Sindicato de Inquilinas, buscaba que su experiencia sirva para cambiar las leyes y evitar que otros pasen por lo mismo.
La protesta no se quedó solo en el caso de Maricarmen. Muchos recordaron que hay más personas en situaciones parecidas y que cada recorte de derechos es un paso atrás para todos. La solidaridad se extendió también a la sanidad y la educación, en un ambiente de protesta transversal.
El caso de Maricarmen ha estado en el centro de la atención estos días, como se contó en informes anteriores. El Ayuntamiento le ofreció una plaza en una residencia municipal, pero ella la rechazó y sigue hospitalizada tras el desalojo. El caso ha subido la presión política y social en Madrid.
La crisis de la vivienda en España viene de lejos, pero la reacción al desahucio de Maricarmen ha puesto el foco en la falta de soluciones de fondo. El parque público de vivienda sigue siendo escaso y la presencia de fondos de inversión en el sector alimenta el malestar. Las peticiones de intervención estatal y cambios en la ley se oyen más fuerte, mientras la acampada en Sol marca un punto de inflexión. La fuerza de la protesta y la variedad de los que participaron muestran que el hartazgo social ha subido de nivel. Si el Gobierno no toma medidas claras, la presión en la calle irá a más y la vivienda seguirá en el centro del debate.
Según información de la agencia EFE, el alquiler subió cerca de un 275% tras el cambio de propietario, llegando a 2.650 euros al mes. Este aumento fue clave en el conflicto.
