El futuro de Maricarmen, la mujer de 87 años desalojada en Madrid, sigue sin resolverse. Aunque el Ayuntamiento mantiene abierta una plaza en una residencia municipal, ella ha decidido no aceptarla. Permanece ingresada en el hospital Gregorio Marañón por agotamiento severo tras el desahucio.
El caso de Maricarmen Abascal saltó a todo el país después de su desalojo el 23 de septiembre de 2026. Vivía en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro, desde hacía más de 70 años. El desahucio se ejecutó tras varios intentos fallidos. Era la cuarta vez que se intentaba, según confirmaron medios como El Español, Europa Press y BBC Mundo.
El día del desahucio, cientos de personas se congregaron frente al edificio para mostrar su apoyo a Maricarmen y tratar de impedir la ejecución judicial.
La situación ha ido más allá del plano social y sanitario. El caso ha provocado nuevas protestas y ha encendido el cruce de reproches entre administraciones. Mientras Maricarmen sigue en el hospital, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, insiste en que la plaza en la residencia sigue disponible y recalca que el Ayuntamiento ha puesto todos los recursos municipales a su alcance.
Maricarmen también valora irse a vivir con familiares, pero aún no ha tomado una decisión. El Ayuntamiento enumera los apoyos ofrecidos: teleasistencia, ayuda a domicilio con 90 horas semanales, terapia ocupacional, fisioterapia preventiva y atención psicológica. Estos servicios llegan tanto desde los Servicios Sociales del distrito Retiro como desde el Área de Políticas Sociales.
Según diversos medios, la imposibilidad de asumir el nuevo alquiler tras la compra del edificio por parte de un fondo de inversión fue el detonante del conflicto. La empresa Urbagestión Desarrollo e Inversión, vinculada al fondo, es señalada como la propietaria actual.
El debate político ha subido de tono tras las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Nueva York. Sánchez responsabilizó a la Comunidad y al Ayuntamiento de la situación. Desde Cibeles, la respuesta fue directa: la resolución judicial que permitió el desahucio se basa en una ley impulsada por el PSOE. El Ayuntamiento asegura que ha sido el único que ha atendido a Maricarmen durante todo el proceso.
El contacto entre Samur-Protección Civil, Samur Social y el hospital Gregorio Marañón es constante. Están preparados para cualquier cambio en la decisión de Maricarmen sobre la residencia. Mientras tanto, la presión social sigue. En las últimas horas se celebró una segunda manifestación contra el desahucio.
El caso de Maricarmen ya había llamado la atención de los medios durante el propio desalojo, como se recogió en el análisis anterior. Ahora, el foco está en la respuesta institucional y en la falta de acuerdo sobre la mejor salida para la afectada.
La gestión de este caso muestra lo complicado que es el sistema de recursos sociales en Madrid y lo difícil que resulta encontrar soluciones para personas mayores en situación de vulnerabilidad. El Ayuntamiento defiende su actuación y la variedad de servicios ofrecidos. La decisión final sigue en manos de Maricarmen. La polémica política y la presión pública dejan claro que, más allá de los recursos, la solución depende tanto de la voluntad de la persona afectada como de la capacidad de las instituciones para ofrecer alternativas realmente aceptables y adaptadas a cada caso.
La cobertura de los hechos y la tensión social han sido recogidas por medios como Europa Press, que detalla el despliegue policial y la movilización ciudadana durante el proceso.
