La Fiscalía Anticorrupción apoya investigar al exjefe de Correos y su móvil. Rechaza analizar los dispositivos de la gerente y dos empleadas del PSOE. El juez Pedraz tiene la última palabra en el caso.
La Fiscalía Anticorrupción ha dado luz verde a la imputación formal de Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y antiguo jefe de gabinete de Pedro Sánchez, así como al análisis de su teléfono móvil en el marco de una investigación sobre una presunta trama para influir en causas judiciales. Esta decisión, confirmada por fuentes fiscales a EL PAÍS, marca un paso relevante en el denominado caso Leire Díez, que examina posibles maniobras para desestabilizar procesos contra funcionarios que combaten la corrupción.
En contraste, el ministerio público se ha opuesto a la solicitud de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para revisar los teléfonos de Ana Fuentes, gerente del PSOE, y de dos trabajadoras del partido también mencionadas en la causa. Ahora, el juez Santiago Pedraz debe determinar hasta dónde permitirá a la UCO avanzar en el análisis de dispositivos electrónicos, una decisión que podría delimitar el alcance de la investigación.
Según la documentación presentada por la UCO esta semana, Serrano y Leire Díez mantenían una comunicación frecuente, intercambiando mensajes que hacían referencia a reuniones y encuentros, algunos de ellos con Vicente Fernández, expresidente de la SEPI y también imputado en la causa. Los agentes sostienen que Serrano habría pactado con Fernández la incorporación de Díez a Correos, lo que habría facilitado que miembros de la red accedieran a puestos clave en la administración pública, presuntamente en beneficio propio o de terceros.
Entre las pruebas aportadas figuran mensajes en los que se sugiere que el puesto de Díez en Correos estaba previamente acordado. Por ejemplo, el vicesecretario de la empresa pública, José Luis Pérez, envió a Díez un borrador del perfil del puesto que iba a ocupar, invitándola a modificarlo según considerara oportuno. Además, la UCO destaca mensajes entre Fernández y Díez que refuerzan la hipótesis de un nombramiento dirigido.
El caso Leire Díez se suma a una serie de investigaciones recientes que han puesto bajo escrutinio a altos cargos y organismos públicos en España. En este contexto, la presión sobre las instituciones y sus responsables ha ido en aumento, como se refleja en situaciones similares donde la cúpula de la Guardia Civil ha sido citada por presunta prevaricación y obstrucción, según se detalla en un análisis sobre la presión judicial e interna en la Guardia Civil.
El procedimiento actual pone de relieve la complejidad de las investigaciones sobre corrupción y la importancia de delimitar el acceso a pruebas personales como los teléfonos móviles. En España, la autorización judicial para analizar dispositivos electrónicos es un paso clave en causas de relevancia pública, ya que puede afectar tanto a la privacidad de los implicados como al avance de las pesquisas. El caso también ilustra la tensión entre los cuerpos de seguridad y la Fiscalía a la hora de definir los límites de la investigación. Correos, como empresa pública, ha estado en el centro de varias polémicas en los últimos años, y la SEPI, su matriz, gestiona participaciones estatales en sectores estratégicos. La resolución del juez Pedraz será determinante para el futuro de la causa y podría sentar precedente en la gestión de pruebas digitales en investigaciones de corrupción en la administración española.
