El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha admitido que la presidenta o alguien de su círculo más cercano visitó en persona el ático de lujo que Planifica Madrid compró por 6,3 millones de euros. Lejos de cerrar la polémica, este reconocimiento ha avivado el debate político en la Comunidad de Madrid y ha puesto el foco en la gestión de fondos públicos.
La confirmación la dio Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo regional, quien consideró "obvio" que el inmueble fuera inspeccionado antes de cerrar la operación. Sin embargo, ni él ni el entorno de Ayuso han aclarado si fue la propia presidenta quien acudió al ático de la calle General Martínez Campos, 35, o si delegó la visita en otra persona. Esta falta de concreción ha alimentado las dudas sobre el procedimiento seguido en una compra poco habitual para la administración autonómica.
El ático tiene entre 481 y 485 m² y una terraza de unos 200 m², además de cinco habitaciones.
Planifica Madrid, empresa pública dependiente del Gobierno regional, formalizó la compra en abril. El importe y el tipo de propiedad —un ático de lujo sin uso previsto como oficina— han llamado la atención. Según datos publicados por El País y RTVE, la operación ascendió a 6,3 millones de euros y el inmueble está en el barrio de Chamberí, en el Paseo del General Martínez Campos, 35. La oposición ha pedido explicaciones sobre el motivo real de la compra y el papel de Ayuso en el proceso.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, García Martín defendió la legalidad de la operación y acusó a la izquierda de intentar desprestigiar a Ayuso. Según el portavoz, la polémica busca desviar la atención de otros asuntos nacionales, como la gestión sanitaria en Ceuta y Melilla o los problemas en la frontera. No ofreció detalles sobre el uso futuro del ático ni sobre los criterios que llevaron a su adquisición. Fuentes oficiales del Gobierno de Madrid han explicado que la compra se justificó por la necesidad de un espacio temporal de trabajo durante las obras en la Real Casa de Correos, aunque el inmueble era residencial.
El entorno de la presidenta sostiene que "no se compra a ciegas" y que es lógico visitar un inmueble antes de invertir una suma tan alta, pero sigue sin aclarar si Ayuso estuvo presente en la visita. Esta falta de transparencia ha dado argumentos a la oposición, que reclama explicaciones y advierte sobre el precedente de comprar viviendas de lujo con fondos públicos. Según La Sexta y otros medios, Más Madrid ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Cuentas para que se investigue un posible perjuicio a los fondos públicos y solicita personarse en el procedimiento.
El inmueble estuvo en el mercado varios años antes de la compra por Planifica Madrid; su primer anuncio de venta es de 2023 y fue promocionado por varias agencias inmobiliarias hasta 2025.
La operación ha provocado un terremoto político en la sede de Sol, donde la gestión de recursos públicos vuelve a estar bajo la lupa. La Comunidad de Madrid no ha dado explicaciones claras que justifiquen la compra de un inmueble de estas características ni ha aclarado su destino final. El caso recuerda a otras situaciones recientes en las que la actuación de figuras públicas ha generado debate, como reportado anteriormente en el ámbito social.
La falta de respuestas y la defensa cerrada del Gobierno regional refuerzan la sensación de que la transparencia sigue pendiente en la política madrileña. Cuando la administración responde con silencio o ambigüedad ante operaciones poco habituales, el desgaste institucional es difícil de evitar. La compra del ático por Planifica Madrid pone en cuestión los criterios de gasto público y muestra la dificultad de los responsables políticos para asumir responsabilidades directas ante la ciudadanía. En un contexto de confianza frágil en las instituciones, cada movimiento opaco alimenta la desconfianza y erosiona la legitimidad de quienes gestionan los recursos públicos.