El Govern y el Ayuntamiento de Barcelona abren una oficina para gestionar compensaciones tras el socavón de la L9. Se habilitan adelantos y créditos blandos para familias y negocios afectados. La medida busca cubrir daños inmediatos.
El Govern de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona han puesto en marcha una oficina especial para tramitar compensaciones a los afectados por el socavón surgido durante las obras de la L9 en el barrio de El Putxet. La medida, anunciada este martes por la portavoz y consejera de Territorio, Sílvia Paneque, permitirá a vecinos y comercios solicitar adelantos de las indemnizaciones derivadas de la responsabilidad civil del incidente. El objetivo es dar respuesta inmediata a quienes han sufrido daños materiales o pérdidas económicas, sin esperar a la conclusión de la investigación oficial.
La nueva oficina, financiada con recursos del Fondo de Contingencia de los Presupuestos, atenderá tanto a familias realojadas como a negocios que han visto interrumpida su actividad. Entre los gastos cubiertos se incluyen alojamiento temporal, movilidad, alimentación y la facturación perdida por los días de cierre forzoso. Paneque subrayó que la prioridad es asistir a quienes se han visto obligados a abandonar sus viviendas o han tenido que cerrar sus locales por causas ajenas a su voluntad.
Para los comercios, se han habilitado dos vías de apoyo: por un lado, anticipos a cuenta de futuras indemnizaciones y, por otro, créditos blandos a través del Institut Català de Finances (ICF), cuya línea de emergencias será reforzada. El Consell Executiu ha autorizado transferencias sin límite económico específico para garantizar que todas las situaciones puedan ser atendidas. Según la consejera, la administración busca evitar que los afectados asuman costes que no les corresponden mientras se resuelve la investigación.
En paralelo, esta semana algunos vecinos de dos de los ocho edificios desalojados han comenzado a regresar a sus hogares, tras los trabajos de evaluación y seguridad en la zona de la calle Rubinstein. El departamento de Territorio mantiene la coordinación con Infraestructures.cat para monitorizar la evolución del terreno y garantizar la seguridad de los residentes. La gestión de este incidente se suma a otros desafíos recientes para las administraciones catalanas, que han tenido que responder a situaciones de emergencia y presión social, como ocurrió con la aplicación de la ley de amnistía en Cataluña, tema que también generó debate institucional, tal como se recoge en una reciente cobertura sobre la presión del Gobierno central a los tribunales.
El socavón, detectado el pasado 7 de junio, obligó al desalojo preventivo de varios edificios y al cierre temporal de comercios en la zona. La L9 es una de las infraestructuras clave del transporte metropolitano de Barcelona, y sus obras han estado marcadas por retrasos y complicaciones técnicas en los últimos años. El Fondo de Contingencia se utiliza en Cataluña para cubrir gastos imprevistos derivados de emergencias o catástrofes. El Institut Català de Finances, por su parte, es el organismo público encargado de facilitar financiación a empresas y autónomos en situaciones excepcionales. La rápida reacción de las autoridades busca minimizar el impacto social y económico del incidente, mientras se esclarecen las causas y se determina la responsabilidad definitiva.
