El fallo del Tribunal de Justicia de la UE refuerza la posición del Gobierno sobre la amnistía. Moncloa reclama rapidez a los tribunales españoles. Junts y ERC insisten en que el conflicto catalán sigue abierto.
El Gobierno ha intensificado la presión sobre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional para que apliquen de inmediato la ley de amnistía a todos los implicados en el procés, tras la sentencia favorable del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Ejecutivo interpreta el fallo europeo como una validación de su estrategia política y como un respaldo a la normalización institucional en Cataluña, mientras que Junts y ERC rechazan que el conflicto esté cerrado y reivindican la continuidad del proceso independentista.
Desde La Moncloa, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, subrayó que la decisión del tribunal europeo respalda no solo la constitucionalidad de la amnistía, sino también las sentencias previas del Constitucional y las conclusiones de la comisión de Venecia, que descartaron vulneraciones de derechos humanos en la norma. Bolaños defendió la ley como un instrumento clave para superar la crisis política heredada del PP y destacó que, pese a la resistencia inicial de parte de la sociedad y de la oposición, sus efectos han sido positivos para la convivencia.
El Gobierno y sus socios, como Sumar, han reclamado a los tribunales españoles que aceleren la aplicación de la amnistía, especialmente para los líderes políticos del procés que aún no han sido beneficiados. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y representantes del PNV y BNG también han pedido una tramitación ágil y sin dilaciones, con el objetivo de cerrar los proyectos pendientes antes del final de la legislatura.
Sin embargo, Junts mantiene su bloqueo a la mayoría de las iniciativas del Gobierno en el Congreso y no ha dado señales de cambiar su postura tras el fallo europeo. Carles Puigdemont y Toni Comín, desde Bruselas, han solicitado aclaraciones técnicas sobre el alcance de la sentencia, especialmente en relación con los miembros de los CDR condenados. Jordi Turull y el abogado Gonzalo Boyé han reivindicado el éxito de Junts en la negociación de la ley y han recordado las críticas recibidas cuando exigieron que la amnistía beneficiara a todos los implicados, no solo a unos pocos.
ERC, por su parte, coincide con Junts en que la sentencia europea no supone el cierre del conflicto político con el Estado. Oriol Junqueras ha instado a los tribunales, en particular al Supremo y al Constitucional, a resolver sin excusas los recursos pendientes para que más de 40 dirigentes del procés puedan acogerse a la amnistía. Además, ha propuesto a las fuerzas independentistas trabajar con una visión de país y mayor soberanía, aunque Junts no ha respondido públicamente a este llamamiento.
La presión se centra ahora en el calendario judicial. El Constitucional prevé rechazar en julio el último recurso de inconstitucionalidad presentado por Extremadura, siguiendo la línea de casi una veintena de fallos similares. La revisión del primer recurso de amparo de un líder del procés, el de Turull, está programada para octubre, mientras que el de Puigdemont podría abordarse en noviembre. El Supremo y el juez Manuel Marchena, que firmaron las sentencias condenatorias, han sido señalados por algunos responsables políticos como responsables de la dilación en la aplicación de la amnistía.
El Partido Popular, que llevó la ley a los tribunales y organizó protestas en la calle y en Europa, sostiene ahora que el debate sobre la amnistía es político y moralmente inaceptable, más allá de lo jurídico. En este contexto, la reciente decisión europea ha reavivado el debate sobre el alcance y la urgencia de la aplicación de la amnistía en España.
El contexto europeo ha sido clave en este proceso. Como ya se analizó en un reciente análisis sobre el impacto del fallo europeo en la ley de amnistía, la presión sobre los tribunales españoles se ha incrementado tras la resolución del TJUE, que descarta conflicto con las normas europeas y puede influir en casos como el de Carles Puigdemont.
La ley de amnistía ha sido uno de los temas más controvertidos de la legislatura. Su aprobación fue posible gracias a la mayoría plurinacional que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa, pero ha generado divisiones tanto en el Congreso como en la sociedad. El debate sobre su aplicación y sus efectos sigue abierto, con el foco puesto en la respuesta de los tribunales y en el futuro político de Cataluña.
En el contexto actual, la amnistía se ha convertido en un elemento central para la estabilidad política y la gestión de los conflictos territoriales en España. El desenlace de los recursos pendientes y la actitud de los principales actores políticos marcarán el cierre o la prolongación de este capítulo en la historia reciente del país.
