Blackstone ha conseguido un contrato estatal de 52,45 millones de euros para gestionar miles de viviendas de Sareb, incluidas viviendas sociales, hasta 2028. El acuerdo, firmado a través de la gestora Aliseda, llega mientras el Gobierno mantiene su discurso público contra los fondos buitre, entre los que sitúa a Blackstone.
La contradicción es clara. Mientras la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, defendía en el Parlamento un decreto contra los fondos buitre, el Ejecutivo firmaba con Blackstone la gestión de activos inmobiliarios públicos. El presidente Pedro Sánchez había llamado fondo buitre a Blackstone por sus compras de vivienda social, pero el contrato va en sentido contrario.
El traspaso de activos de Sareb a Casa 47 incluye más de 40.000 viviendas y unos 2.400 suelos con potencial para 55.000 nuevos hogares.
Según el contrato, Aliseda se encargará de vender, alquilar y comercializar viviendas, locales y suelos de Sareb. También gestionará impagos, inquilinos vulnerables y ocupaciones. El objetivo es preparar más de 40.000 viviendas para su traspaso a Casa 47, la empresa estatal que depende del Ministerio de Vivienda, y así ampliar el parque público. Esta operación forma parte de la estrategia del Gobierno para reforzar la vivienda pública, aunque la transferencia total a Casa 47 no se espera antes de 2028, según datos de El País y otros medios españoles.
El proceso de adjudicación no se ha anunciado oficialmente. Sareb comunicó a sus empleados la firma definitiva en agosto. El contrato dura hasta diciembre de 2028 y puede prorrogarse hasta 2030. Servihabitat, propiedad de Hipoges, también aspira a gestionar parte del parque, pero su adjudicación sigue pendiente. El sindicato CSIF ha presentado una demanda para exigir que entre 247 y 274 trabajadores de Sareb sean subrogados por Casa 47, alegando que la transferencia de activos debe ir acompañada de la asunción del personal, como ocurre en la transmisión de unidades productivas.
Blackstone ha recibido críticas de inquilinos y miembros del Gobierno, pero sigue teniendo peso en el sector inmobiliario español. Además de gestionar viviendas, ha comprado el 50% de Urbaser y desarrolla un centro de datos en Zaragoza. La compañía prevé que el negocio residencial seguirá fuerte en España, en parte por la baja construcción de vivienda nueva y el crecimiento demográfico previsto. La contradicción entre el discurso político y la práctica contractual del Gobierno se hace más visible tras el reciente rechazo parlamentario a los decretos de vivienda, como se detalla en este análisis previo. Mientras se debate la regulación del sector, la gestión de los activos públicos queda en manos de los mismos fondos que el Ejecutivo critica en público.
El sindicato CSIF ha llevado a los tribunales la exigencia de que Casa 47 asuma la plantilla de Sareb, generando un conflicto laboral e institucional en pleno proceso de transferencia de activos públicos.
El caso Blackstone-Sareb muestra cómo la falta de construcción masiva de vivienda pública en los últimos años ha dado más poder a los grandes fondos en la gestión del parque inmobiliario. El Estado, necesitado de soluciones rápidas para ampliar la oferta social, recurre a los actores que dominan el mercado, aunque eso contradiga su discurso. Esta decisión deja clara la distancia entre la política de gestos y la gestión real de la vivienda en España, y anticipa que los grandes fondos seguirán teniendo peso mientras no se resuelva el déficit estructural de vivienda pública.
La creación de Casa 47 como nuevo actor estatal en vivienda ha ido acompañada de demandas de la oposición para auditar sus activos y el impacto de la transferencia, según informaciones de El Mundo y El País. El proceso, que implica gestionar impagos, ocupaciones y proteger a inquilinos vulnerables, plantea retos sociales y laborales aún sin resolver. Más detalles sobre la posición del Gobierno y el contexto de la operación pueden leerse en la cobertura de El País.
