El Congreso ha tumbado los decretos de vivienda y ha desatado una tormenta política y social en España. Junts, clave en la votación, avisa: bloqueará los dos decretos si el Gobierno no retira los textos actuales y presenta una propuesta nueva. El partido catalán sostiene que las medidas pueden reducir la oferta de alquiler y provocar el efecto contrario al buscado. Reclaman un enfoque distinto, inspirado en modelos europeos que frenan la compra de vivienda por fondos de inversión.
El Gobierno de Sánchez entra ahora en un periodo de reflexión y no descarta un adelanto electoral. Sus medidas estrella para el alquiler y la protección frente a desahucios han quedado bloqueadas por los votos de PP, Vox y Junts. El PSOE insiste en que sigue dispuesto a negociar, pero duda de la voluntad real de Junts para llegar a un acuerdo. El paquete de decretos incluía la suspensión de desahucios, la prórroga de contratos de alquiler y límites a los fondos buitre. Todo se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de ser frenado en el Parlamento.
En Valencia, la protesta por la vivienda terminó con cinco detenidos y nueve policías heridos tras los enfrentamientos junto al Palau de les Arts.
La tensión no se queda en el Parlamento. Miles han salido a la calle en Madrid, Palma, Valencia, Vitoria y San Sebastián para exigir soluciones urgentes a la crisis de la vivienda. En Madrid, la Delegación del Gobierno cifra en 70.000 los manifestantes, aunque los organizadores hablan de medio millón. En Palma, unas 3.000 personas marcharon bajo la lluvia. En Valencia, la protesta acabó con incidentes y detenciones, reflejando la polarización social sobre el acceso a la vivienda.
La respuesta política ha sido rápida y dura. El PP, con Miguel Tellado y Alberto Núñez Feijóo al frente, pide la salida de Sánchez de La Moncloa y exige elecciones ya. Acusan al Gobierno de alimentar el caos y la crispación. Desde Sumar e IU, Enrique Santiago también reclama adelanto electoral. Argumenta que la mayoría de PP, Vox y Junts impide cualquier avance en protección social. Podemos exige explicaciones al Ministerio del Interior por las cargas policiales en Valencia y pide un decreto que baje los alquileres y expropie viviendas a fondos buitre. Incluso apoyan la convocatoria de una huelga general.
El debate sobre la legalidad de una huelga general por la vivienda ha llegado a la patronal. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, dice que una huelga así no encajaría en la legalidad porque no es un conflicto laboral, aunque reconoce la gravedad y complejidad del problema de la vivienda.
El movimiento de protesta se intensificó tras el caso de una mujer mayor desalojada de su vivienda, que se convirtió en símbolo de la lucha contra los desahucios y disparó la movilización social en toda España.
En Cataluña, Salvador Illa ha cargado contra Junts por su voto en contra. Les acusa de bloquear cualquier avance en la regulación del alquiler y de alinearse con PP y Vox. Desde ERC, Elisenda Alamany señala tanto al PSOE como a Junts como responsables del fracaso político. Recuerda que el acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones de los catalanes.
Las protestas no han parado pese al mal tiempo. En Barcelona y L'Hospitalet, la manifestación prevista se suspendió por alerta meteorológica y se reprogramó para el lunes, ante la amenaza de lluvias torrenciales y vientos fuertes. En la Puerta del Sol de Madrid, los acampados por el derecho a la vivienda cumplen ya siete días de protesta, en un clima de indignación tras la caída de los decretos.
El paquete normativo rechazado incluía la renovación automática de contratos de alquiler, el tope del 2% en las subidas de renta, la prórroga de arrendamientos y la extensión de la protección antidesahucios hasta 2030. Ahora, Sumar quiere volver a llevar los decretos al Congreso. El PSOE recoge el guante de Junts y se muestra dispuesto a negociar, aunque duda de la sinceridad de sus interlocutores. Según información de El País, la presión sobre el Gobierno ha crecido tras el fracaso parlamentario.
El clima de confrontación política ha llegado también a los foros empresariales y sociales. Josep Borrell lamenta la caída de los decretos por su "necesidad evidente". Yolanda Díaz anima a la gente a movilizarse y defender sus derechos en la calle y en las instituciones. El espacio Sumar se reúne para analizar la situación y definir su estrategia ante una posible convocatoria electoral y la incertidumbre sobre su liderazgo.
El pulso por la vivienda se ha convertido en el centro de la agenda política y social en España. La presión sobre el Gobierno sube, con la oposición pidiendo elecciones y los movimientos sociales reclamando medidas más ambiciosas. El análisis de la crisis previa muestra que la vivienda ya era un campo de batalla antes del último bloqueo parlamentario. La capacidad de los partidos para negociar soluciones reales y evitar que la crisis se use como arma electoral marcará los próximos meses. Mientras tanto, la ciudadanía mantiene la presión en la calle y en las plazas. El acceso a la vivienda sigue siendo una urgencia nacional.
