La empresa comunicó el despido por burofax el 11 de abril de 2025, después de ofrecer al trabajador dos días hábiles para presentar alegaciones. Él trabajaba allí desde el 14 de julio de 2023 y cobraba un salario bruto diario de 45 euros. La carta recogió incidentes ocurridos entre el 8 de marzo y el 5 de abril de 2025.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirmó que el despido disciplinario era procedente. También mantuvo la condena dictada en primera instancia: la empresa debe pagar 833,44 euros pendientes, con intereses de mora. La resolución es del 10 de septiembre de 2026 y el Poder Judicial la difundió el 5 de octubre.
Ese dinero no compensa el despido. Son cantidades generadas durante la relación laboral que seguían sin pagarse, una obligación que se mantiene aunque el tribunal haya validado la extinción del contrato.
La carta describía varias negativas a cumplir instrucciones. El trabajador se negó a retirar etiquetas de vino y a trasladar un producto a otro establecimiento. En otro episodio, rechazó trabajar en la sección de carnicería.
Para explicar esta última negativa, habló de un sueño recurrente en el que utilizaba cuchillos contra dos responsables tras ser despedido. La empresa lo cambió de sección después de la conversación. La Sala entendió que la frase podía interpretarse como una amenaza velada. En una discusión sobre la limpieza de las neveras, además, silbó a una compañera y la llamó «chihuahua».
El recurso defendía que los hechos no justificaban la sanción máxima y que algunas negativas habían sido episodios aislados. También señalaba que otra empleada rechazó fichar por él, por lo que no llegó a producirse una manipulación efectiva del registro horario. La Sala valoró las conductas en conjunto y dio por probadas la resistencia persistente a las instrucciones y las ofensas graves. El convenio del comercio de pequeñas y medianas empresas de Las Palmas incluye incumplimientos de esta naturaleza entre las faltas disciplinarias más graves.
El artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores contempla el despido disciplinario ante incumplimientos graves y culpables. Entre ellos figuran la indisciplina o desobediencia y las ofensas verbales o físicas al empresario o a quienes trabajan en la empresa. El tribunal debe valorar la gravedad y la culpabilidad de la conducta. También debe examinar si la sanción resulta proporcionada.
En este caso, la Sala no examinó cada negativa por separado. La valoró junto con el trato a las compañeras y la frase sobre los cuchillos. El Poder Judicial ofrece información institucional sobre la actividad de los órganos judiciales españoles.
La sentencia recoge también un error de cobro: se cobraron 13,21 euros por una compra de 113,21 euros y el cliente pagó después la diferencia. La Sala no presentó ese incidente como fundamento único del despido. Añadió que un trabajador puede negarse a cumplir una orden ilegal o peligrosa, pero no encontró justificación suficiente para las conductas probadas en este caso.
Según el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores, un despido procedente extingue el contrato sin indemnización ni salarios de tramitación. La liquidación de cantidades adeudadas es otra cuestión. Por eso se mantienen los 833,44 euros reconocidos en primera instancia, además de los intereses de mora.
El despido disciplinario tampoco excluye automáticamente la prestación por desempleo, aunque el trabajador debe cumplir los demás requisitos. El plazo general para impugnar un despido es de veinte días hábiles.
La resolución permite presentar un recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo.
