Las empresas y autónomos de Castilla y León que tuvieron que aplicar un ERTE tras los incendios forestales pueden solicitar desde hoy una ayuda económica específica. La Junta ha abierto el plazo para pedir una subvención que cubre hasta 5000 euros por beneficiario, siempre en función de las cuotas empresariales realmente pagadas. No es una cantidad fija: la ayuda solo cubre las cotizaciones a la Seguridad Social por contingencias comunes que hayan sido abonadas y no exoneradas.
El cálculo es sencillo: si una empresa ha pagado 2800 euros en cuotas subvencionables, ese será el importe máximo a recibir. Si la cifra supera los 5000 euros, la ayuda se limita a ese tope. La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León el 15 de septiembre, incluye expedientes que afecten a trabajadores entre el 24 de julio y el 31 de octubre de 2026. El plazo para presentar solicitudes termina el 6 de noviembre, por lo que hay menos de dos meses para tramitar la documentación. Según El Español, la medida está dirigida a empresas y autónomos con empleados, personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica con ánimo de lucro. Quedan fuera las administraciones públicas y las empresas del sector público.
Junta de Castilla y León
Requisitos y condiciones
Pueden acceder a la ayuda tanto sociedades mercantiles como autónomos con empleados, personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica siempre que tengan ánimo de lucro. No pueden solicitarla las administraciones públicas ni las empresas del sector público. El centro de trabajo debe estar en uno de los municipios afectados por los incendios, y los trabajadores deben haber tenido una suspensión temporal del contrato o una reducción de jornada, ya sea por causas económicas, técnicas, organizativas, productivas o fuerza mayor temporal. El periodo de referencia para los ERTE subvencionables es del 24 de julio al 31 de octubre de 2026, según el BOCyL y la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
La empresa debe estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Para quienes buscan recuperar plantilla y actividad, existen otras líneas de apoyo, como las ayudas para la primera contratación, que no deben confundirse con esta subvención específica para ERTE derivados de incendios. Además, la Junta ha puesto en marcha una medida paralela para los trabajadores afectados por ERTE, que pueden recibir hasta 3000 euros como compensación por la pérdida de poder adquisitivo, según la Cadena SER.
Obligación de mantener empleo
Uno de los requisitos clave es mantener al menos el 65% de la plantilla media del centro de trabajo durante los 12 meses posteriores al inicio de la suspensión o reducción de jornada. La comprobación se hace comparando la plantilla media del mes anterior al ERTE con la del mismo mes del año siguiente y los meses cercanos. Así, la ayuda no solo compensa cuotas ya abonadas, sino que también exige mantener el empleo.
Diario de Burgos / Ministerio del Interior
Dotación y procedimiento
La convocatoria parte con una dotación inicial de 100.000 euros, ampliable hasta el doble si la demanda lo requiere. El trámite es de concesión directa y exige acreditar tanto las cuotas empresariales liquidadas y pagadas como la plantilla del centro afectado. Toda la gestión puede hacerse a través de la plataforma Tramita Castilla y León, y la información oficial está disponible en el BOCyL y la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Para más detalles sobre la normativa y requisitos, se puede consultar el resumen en El Español.
Esta medida llega en un momento en que las empresas de la región han tenido que adaptarse a cambios en las cotizaciones de 2026, lo que añade presión a quienes ya sufrieron el impacto de los incendios. La exigencia de mantener empleo durante un año busca evitar despidos masivos tras la crisis, aunque limita la flexibilidad de las empresas para ajustar plantilla en un entorno incierto.
La decisión de la Junta de Castilla y León de condicionar la ayuda al mantenimiento de empleo y de limitar el importe a las cuotas efectivamente pagadas diferencia esta convocatoria de otras más generales. El enfoque es práctico: se apoya a quienes han asumido costes y se exige un compromiso claro con el empleo local. En un año especialmente complicado para las empresas de la región, la medida puede suponer un alivio para quienes cumplen los requisitos, aunque su alcance dependerá de la capacidad de las empresas para mantener plantilla y actividad en los próximos meses.
