El sur de Cataluña concentra la mayoría de la generación eléctrica. El retraso en renovables y la negativa de otras zonas a acoger parques eólicos agravan el desequilibrio. La emergencia climática exige soluciones compartidas.
La distribución de la producción eléctrica en Cataluña ha generado un desequilibrio que se hace cada vez más evidente. Las comarcas del sur, especialmente Tarragona, soportan la mayor parte de la carga energética de la comunidad, albergando centrales nucleares como Ascó y Vandellós, responsables de cerca del 60% del consumo catalán. Además, dos de las cinco grandes centrales de ciclo combinado también se encuentran en esta provincia, consolidando su papel como epicentro energético.
Mientras tanto, la mayoría de los parques eólicos y proyectos de energías renovables se han instalado en zonas como Terra Alta, Baix Ebre y Conca de Barberà. La energía hidroeléctrica se concentra en el Pirineo, aprovechando los ríos Segre, Noguera Ribagorçana y Pallaresa, aunque los embalses del Ebro, con Riba-Roja a la cabeza, también aportan de forma significativa. La producción solar, por su parte, se distribuye de manera más homogénea, aunque algunos de los grandes proyectos se ubican en comarcas como Alt Camp.
El plan estratégico Prospectiva Energètica de Catalunya 2050 (PROENCAT) marca como objetivo alcanzar la neutralidad climática en 2050, con toda la energía generada de forma sostenible. Para 2030, la meta legal es que la mitad de la demanda eléctrica provenga de fuentes limpias, pero actualmente este porcentaje no llega al 20%. El retraso en la implantación de renovables es considerable, y la negativa de muchas zonas a acoger parques eólicos o solares, como ocurre en Alt Empordà, Anoia, Urgell, Bages, Cerdanya o Conca de Barberà, complica aún más el avance.
La situación genera tensiones, ya que los municipios del área metropolitana de Barcelona, principales consumidores de electricidad, apenas participan en la solución. Las quejas de propietarios de segundas residencias sobre el impacto visual o acústico de los parques eólicos y solares contrastan con la realidad de las comarcas del sur, que han convivido durante años con riesgos nucleares y petroquímicos. El debate sobre la distribución de infraestructuras energéticas se intensifica, como ya ocurrió en otras polémicas recientes sobre la gestión ambiental, reflejadas en la cobertura de incidentes como el incendio de Les Gavarres (ver análisis sobre la gestión y la coherencia climática en Cataluña).
El desafío ahora es encontrar un equilibrio que no sobrecargue a las zonas rurales ni comprometa la soberanía alimentaria, ya que los parques solares ocupan grandes extensiones agrícolas. Una de las soluciones propuestas es potenciar la instalación de placas solares en tejados, especialmente en Barcelona, donde abundan las azoteas disponibles. El objetivo es evitar la saturación de las comarcas que ya han hecho una contribución significativa y que muestran signos de agotamiento. Según el libro Ruralisme de Vanesa Freixa, las políticas y las inversiones urbanas suelen dirigir los espacios rurales a distancia, lo que añade una capa más de complejidad al debate.
En el contexto nacional, Cataluña se enfrenta a la presión de cumplir con los compromisos climáticos y energéticos en un plazo ajustado. La transición hacia fuentes limpias no solo implica cambios tecnológicos, sino también una redistribución de responsabilidades y beneficios entre territorios. El caso catalán ilustra cómo la emergencia climática obliga a replantear modelos de desarrollo y a buscar fórmulas más equitativas para afrontar el futuro energético.
