El president Salvador Illa defiende la actuación del Govern ante las críticas por el incendio de Les Gavarres. Junts, Comuns y la CUP cuestionan la gestión y la coherencia climática. El debate se extiende a seguridad y educación.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, se vio obligado a responder este miércoles a una oleada de críticas en el Parlament tras el incendio de Les Gavarres, donde un operario de una subcontrata de la Generalitat habría originado el fuego al utilizar una radial en plena alerta por riesgo extremo. Junts per Catalunya acusó al Govern de falta de supervisión y exigió responsabilidades políticas, mientras que Comuns y la CUP denunciaron incoherencias en el discurso climático del Ejecutivo catalán.
La sesión arrancó con un homenaje a los cuerpos de seguridad y a las víctimas de los incendios forestales que han devastado miles de hectáreas en Cataluña durante el fin de semana. El fuego de Sentmenat, en Barcelona, seguía activo tras arrasar unas 200 hectáreas, lo que elevó la tensión en el debate parlamentario.
Junts, a través de su portavoz Mònica Sales, criticó que, pese a las condiciones de máximo riesgo, una subcontrata trabajara en una carretera cercana a Les Gavarres como si fuera un día normal. El uso de maquinaria generó una chispa que habría provocado el incendio, y el trabajador implicado fue puesto a disposición judicial. Sales insistió en que el Govern debía haber garantizado el cumplimiento de las restricciones y pidió saber quién asumiría la responsabilidad política.
Salvador Illa defendió la gestión del Ejecutivo y negó cualquier negligencia, subrayando que durante el fin de semana se atendieron 65 incendios en Cataluña. Aprovechó para criticar a quienes minimizan el cambio climático y reiteró el compromiso del Govern con la lucha ambiental.
Comuns y la CUP, sin embargo, pusieron en duda la coherencia del discurso climático del Govern, señalando que mientras se promueve la sostenibilidad, se mantienen proyectos como la ampliación del aeropuerto de El Prat y grandes eventos como el Tour de Francia o la visita del Papa. Jéssica Albiach, líder de los Comuns, advirtió que la ampliación de El Prat podría aumentar las emisiones en un tercio, mientras que Xavier Pellicer (CUP) cuestionó el modelo económico basado en grandes acontecimientos.
Illa respondió defendiendo la apuesta por la movilidad sostenible y citó los presupuestos de carbono aprobados recientemente, así como la colaboración de Cataluña con California en el estudio de incendios y gestión del agua. El debate sobre grandes eventos deportivos y su impacto en la región ya había sido tema central en la estrategia catalana, como se analizó en la reciente cobertura sobre la apuesta de Barcelona por competiciones internacionales.
En materia de seguridad, PP y Vox centraron sus intervenciones en la falta de recursos policiales y la criminalidad. Alberto Fernández (PP) sugirió que la policía autonómica carece de medios suficientes, mientras que Ignacio Garriga (Vox) comparó la seguridad en Cataluña con la de El Salvador tras un tiroteo en La Sagrera, Barcelona. Illa replicó que no se trata de declarar la guerra, sino de hacer cumplir la ley.
Esquerra Republicana insistió en la necesidad de que el Govern cumpla los acuerdos pendientes, especialmente en materia de seguridad y control de infraestructuras estratégicas como puertos y aeropuertos. Josep Maria Jové recordó que hace un año se anunció una junta de seguridad para avanzar en la presencia de los Mossos d'Esquadra en estos puntos, pero Illa solo concretó la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para la próxima semana.
El debate se cerró con la intervención de Sílvia Orriols (Aliança Catalana), que cuestionó la contratación del imán Taoufik Cheddadi para impartir cursos sobre el islam a docentes de primaria y secundaria. Orriols expresó preocupación por supuestas posiciones radicales y el crecimiento de mezquitas tras el atentado de 2017. Illa defendió que los empleados públicos deben respetar los valores humanos.
En Cataluña, los incendios forestales han sido una preocupación recurrente en los últimos años, con veranos cada vez más secos y temperaturas extremas que agravan el riesgo. La gestión de subcontratas en obras públicas ha generado debate sobre la responsabilidad de la Administración en la prevención de incidentes. Además, la ampliación de infraestructuras como El Prat sigue enfrentando críticas por su impacto ambiental. El control de la seguridad en puertos y aeropuertos es una demanda histórica de la Generalitat, mientras que la formación en diversidad religiosa en las escuelas públicas ha suscitado controversia en algunos sectores políticos.
