El Parlament catalán da luz verde a una ley pionera que obliga a inspecciones, registro de empresas y nuevas ayudas para retirar amianto. El Govern deberá desplegar las medidas en los próximos meses.
El Parlament de Cataluña ha aprobado una ley pionera en Europa que marca un antes y un después en la gestión del amianto. La nueva normativa, que busca erradicar por completo este material peligroso, introduce inspecciones obligatorias, un registro de empresas especializadas y nuevas exigencias para la compraventa y alquiler de inmuebles construidos antes de 2002. El despliegue de la ley queda ahora en manos del Govern, que deberá activar en los próximos meses los instrumentos previstos para su aplicación.
La ley es fruto de años de trabajo de la Comisión para la Erradicación del Amianto en Cataluña, que ha coordinado a administraciones, agentes sociales, colegios profesionales, federaciones vecinales y asociaciones de víctimas. El texto reconoce la lucha de colectivos como la Asociación de Jubilados de Macosa-Alstom y la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB), que han sido clave para situar el problema en la agenda política y reclamar justicia para quienes han sufrido las consecuencias del amianto.
Entre las principales novedades, la norma establece inspecciones periódicas del estado de los materiales con amianto y permite intervenciones rápidas en caso de riesgo. Además, prevé un régimen sancionador para quienes incumplan las obligaciones y refuerza la cooperación entre administraciones, ampliando el apoyo a los ayuntamientos. Se regula también la gestión de los residuos y se fomenta la investigación en técnicas de inertización y reciclaje, así como la atención sanitaria a los afectados por patologías derivadas de la exposición.
En la práctica, la ley obligará a que toda operación de compraventa o alquiler de viviendas anteriores a 2002 cuente con un certificado que acredite la presencia o ausencia de amianto. Se creará un registro de empresas y profesionales autorizados para la gestión de estos materiales y se pondrá en marcha una nueva Comisión Catalana para la Erradicación del Amianto. El Govern priorizará la retirada en edificios públicos y mantendrá líneas de ayuda para la eliminación segura del material.
La futura Oficina para la Erradicación del Amianto, adscrita a la Agencia de Residuos, será el órgano encargado de coordinar las actuaciones y ofrecer apoyo técnico y económico, especialmente a los municipios. El objetivo es avanzar hacia la eliminación total del amianto en Cataluña, un reto que implica tanto a administraciones como a particulares y empresas.
La aprobación de esta ley se produce en un contexto de creciente atención a la salud pública y la seguridad laboral. El amianto, prohibido en España desde 2002, sigue presente en miles de edificios y estructuras. Su retirada es compleja y costosa, pero fundamental para evitar enfermedades graves asociadas a la exposición. La nueva normativa catalana podría servir de referencia para otras comunidades y países europeos.
El reconocimiento a las víctimas y la memoria de quienes han sufrido las consecuencias del amianto es uno de los ejes centrales de la ley. La perseverancia de las asociaciones ha sido determinante para que la cuestión no quedara relegada. En el ámbito de la justicia, la lucha por el reconocimiento de los daños causados por el amianto ha tenido eco en otros casos recientes, como la sentencia del Tribunal Supremo sobre corrupción política, que marcó un precedente en la defensa de los derechos de los afectados (ver detalles sobre la sentencia del Supremo).
Según datos oficiales, se estima que en España aún existen más de dos millones de toneladas de amianto instalado. La exposición a este material puede provocar enfermedades como la asbestosis, el cáncer de pulmón y el mesotelioma, con largos periodos de latencia. La ley catalana refuerza la prevención y la protección de la salud pública, y su desarrollo será clave para avanzar hacia un entorno más seguro.
