El Parlament catalán avanza en una reforma para definir y sancionar discursos de odio. Los principales partidos buscan delimitar la libertad de expresión y reforzar el régimen disciplinario antes del cierre de sesiones.
El Parlament de Cataluña está a punto de cerrar una reforma clave para endurecer el control sobre los discursos de odio en la Cámara. Representantes del PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP, que suman una amplia mayoría, han intensificado las negociaciones para modificar el reglamento y dotar de mayor seguridad jurídica las sanciones aplicables a este tipo de manifestaciones, según informa EL PAÍS. El objetivo es que la propuesta definitiva esté lista la próxima semana, justo antes de que finalice el actual periodo de sesiones.
Uno de los puntos centrales del debate es la definición precisa de qué se considera discurso de odio y en qué situaciones la Presidencia del Parlament podrá intervenir y activar el régimen sancionador. Los partidos buscan establecer una frontera clara entre la libertad de expresión de los diputados y aquellas intervenciones que puedan vulnerar derechos fundamentales o incitar a la discriminación. La reforma también contempla trasladar al reglamento parte del régimen sancionador que hasta ahora solo figuraba en el Código de Conducta, ampliando así el alcance de las medidas disciplinarias.
Actualmente, el reglamento del Parlament prevé medidas como llamadas al orden, retirada de la palabra, expulsión del hemiciclo o suspensión temporal de la función parlamentaria en los casos más graves. Sin embargo, el Código de Conducta va más allá, permitiendo amonestaciones públicas, multas de entre 600 y 12.000 euros y la suspensión temporal del diputado en caso de infracciones muy graves, además de clasificar las conductas según su gravedad. Los grupos han analizado el modelo del Parlamento Europeo, donde las normas de conducta y el régimen sancionador están integrados en el reglamento y se prohíbe expresamente el uso de lenguaje ofensivo, con sanciones que incluyen la retirada de la palabra, expulsión de la sesión y pérdida de indemnizaciones.
Las negociaciones se han acelerado tras la reciente decisión de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que concluyó que Sílvia Orriols, líder de Aliança Catalana, y Joan Garriga, portavoz de Vox, vulneraron de forma leve el Código de Conducta. El expediente contra Orriols se abrió por unas declaraciones dirigidas a la diputada de ERC Najat Driouech, a quien acusó de “normalizar la misoginia y el fundamentalismo islámico” por llevar hiyab. En el caso de Garriga, la comisión valoró tanto la exhibición de carteles con el lema “Companys asesino” en un acto institucional como unas declaraciones en las que vinculó al PSOE con el uso de dinero público para “drogas y prostitutas”. Además, sigue abierto el expediente contra Alberto Tarradas, también de Vox, por amenazas de deportación a Driouech desde la tribuna.
El contexto de tensión en el Parlament catalán se enmarca en un clima político donde los límites de la libertad de expresión y la protección frente a discursos discriminatorios están en el centro del debate. La reforma busca evitar vacíos legales y dotar a la Presidencia de herramientas más claras para actuar ante incidentes. En otras instituciones, como el Parlamento Europeo, la integración de normas de conducta y sanciones en el reglamento ha permitido una respuesta más ágil ante episodios polémicos. En paralelo, la preocupación por el aumento de incidentes en Cataluña se refleja también en otros ámbitos, como el repunte de delitos violentos en Barcelona, donde el crimen organizado y el uso de armas de fuego han generado alarma, según se detalla en un reciente análisis sobre la escalada de homicidios en la ciudad.
El Parlament prevé presentar la propuesta definitiva de reforma la próxima semana, con la posibilidad de que los principales grupos firmen un texto conjunto. El nuevo marco normativo podría marcar un antes y un después en la gestión de la disciplina parlamentaria en Cataluña. Cabe recordar que, en el contexto español, cada cámara autonómica cuenta con su propio reglamento y régimen sancionador, aunque la tendencia apunta a una mayor armonización con los estándares europeos. La reforma, si se aprueba, afectará directamente a la actividad de los diputados y a la protección de los derechos fundamentales dentro del hemiciclo catalán.
