El error en la muestra de PISA 2025 en Cataluña impide comparar resultados educativos. La gestión del Govern es cuestionada y la oposición exige explicaciones. El caso deja en entredicho la credibilidad institucional.
El sistema educativo catalán afronta una crisis de credibilidad tras confirmarse que los resultados de las pruebas PISA 2025 no podrán compararse con los del resto de España ni con la serie histórica. Un fallo en el diseño de la muestra, que permitió que uno de cada cuatro alumnos quedara exento del examen —muy por encima del 5% permitido—, ha desencadenado una oleada de críticas en el Parlament y ha puesto en entredicho la gestión del Departamento de Educación.
La consejera Esther Niubó compareció ante los grupos parlamentarios para explicar el origen del error, pero sus argumentos no convencieron ni a la oposición ni a sus propios socios de investidura. El silencio mantenido durante cuatro meses desde que la OCDE notificó la anomalía, unido a las contradicciones detectadas en el relato oficial, ha elevado la tensión política. Aunque la petición de un pleno extraordinario fue descartada, el presidente Salvador Illa deberá dar explicaciones tras el verano.
El Departamento de Educación sostiene que la investigación interna sigue abierta y que solo cuando concluya se depurarán responsabilidades. Sin embargo, la oposición considera insuficiente la diligencia mostrada y cuestiona que ya se estén aplicando medidas correctoras sin conocer el origen exacto del fallo. Entre las acciones anunciadas figuran la creación de una Comisión de Coordinación de Pruebas y Estudios de Evaluación y la centralización de los protocolos de exención de alumnos, aunque la efectividad de estas iniciativas está en entredicho mientras persistan las dudas sobre lo ocurrido.
La aparición de esta nueva comisión genera más interrogantes, ya que hace apenas un año se puso en marcha la Agencia de Evaluación y Prospectiva de la Educación, tras años de parálisis. La superposición de órganos y los recientes ceses de responsables clave, como la directora de currículum y la secretaria de Mejora Educativa, alimentan la percepción de desorden interno en el departamento.
El retraso en la comunicación pública del error también ha sido objeto de controversia. El Govern conocía la situación desde marzo, pero optó por no informar hasta el final del curso, en un contexto marcado por huelgas y tensiones laborales en el sector educativo. Niubó justificó la decisión alegando que la OCDE no detalló el impacto del fallo hasta fechas recientes, aunque la oposición interpreta la demora como una estrategia de opacidad.
La falta de claridad sobre quién tomó las decisiones clave en marzo añade más incertidumbre. Durante la baja médica de la consejera, la gestión recayó en su número dos y en el consejero de Presidencia, pero no se han precisado los detalles sobre cuándo y cómo se informó al presidente. Esta indefinición refuerza la presión política y deja abiertas varias incógnitas sobre la cadena de mando y la transparencia institucional.
El caso catalán se suma a otros episodios recientes que han puesto a prueba la confianza en las instituciones y la gestión pública. En el contexto nacional, la legalidad de medidas y procedimientos administrativos ha sido objeto de debate, como ocurrió con la instrucción sobre la nacionalidad para nietos de exiliados, que fue analizada en profundidad en un reportaje anterior de espanol.news.
Las pruebas PISA, impulsadas por la OCDE desde hace 25 años, son una referencia internacional para evaluar el rendimiento educativo. La imposibilidad de comparar los resultados de Cataluña con los de otras comunidades y países supone un golpe para el seguimiento de la evolución académica y dificulta la toma de decisiones basadas en datos objetivos. El episodio evidencia la importancia de los controles estadísticos y la transparencia en la gestión de procesos clave para la educación pública.
