La instrucción que amplía la nacionalidad a nietos de exiliados sigue vigente. Ni la Junta Electoral Central ni el Gobierno han cuestionado su legalidad. El PP insiste en su derogación y anuncia reformas.
La polémica sobre la llamada “ley de nietos” ha vuelto al centro del debate político tras las recientes declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, quien ha calificado de “ilegal” la instrucción que permite la nacionalización de descendientes de exiliados por la dictadura. Sin embargo, tanto el Gobierno como la Junta Electoral Central (JEC) han confirmado que la norma está en vigor desde 2022 y que no existen recursos pendientes ni cuestionamientos formales sobre su legalidad.
La instrucción, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 26 de octubre de 2022, desarrolla un apartado de la ley de Memoria Democrática y aclara los criterios para que los nietos de exiliados puedan optar a la nacionalidad española. El texto fue aprobado tras un largo proceso parlamentario y, según fuentes del Ejecutivo, el plazo para recurrirla ya expiró sin que el PP presentara objeciones en su momento.
Durante su última comparecencia, Feijóo criticó que la instrucción extiende la nacionalidad no solo a nietos, sino también a bisnietos y tataranietos, y anunció la intención de su partido de reformar el Código Civil para endurecer los requisitos. Sin embargo, la JEC, tras analizar impugnaciones presentadas por Vox y el sindicato CSIF, resolvió por mayoría que no tiene competencia para valorar ni leyes ni instrucciones aprobadas por el Parlamento, limitándose a pedir informes técnicos sobre el censo electoral de extranjeros.
El debate en la JEC se centró en si la instrucción del Ministerio de Justicia iba más allá de lo previsto en la ley de Memoria Democrática. Un voto particular, respaldado por cuatro de los trece miembros y promovido por el vocal designado por el PP, defendía que la instrucción ampliaba excesivamente el alcance de la nacionalización. No obstante, la mayoría del órgano consideró que cualquier valoración sobre la legalidad corresponde al Tribunal Constitucional o a la jurisdicción contencioso-administrativa, no a la JEC.
La ley de Memoria Democrática establece que los nacidos fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela que hubieran sido españoles y perdieron la nacionalidad por exilio pueden optar a la nacionalidad. La instrucción de 2022 interpreta este apartado y detalla los procedimientos para su aplicación, lo que ha permitido que miles de descendientes de exiliados accedan a la nacionalidad española.
En el Gobierno subrayan que ni el Ministerio de Justicia ni el de Asuntos Exteriores han recibido solicitudes formales del PP para modificar la norma. Además, la JEC ha reiterado que el censo electoral de extranjeros se aplica sin incidencias desde 2011 y que las reclamaciones recientes no afectan a la validez de la instrucción sobre nacionalizaciones.
El propio vocal del PP en la JEC reconoció contradicciones históricas en la postura de su partido, recordando que en el pasado tanto PP como PSOE defendieron posiciones opuestas sobre la amplitud de la nacionalización para descendientes de emigrantes. Esta flexibilidad, que ahora el PP cuestiona, fue en su día una demanda de los populares gallegos y figuró en el programa electoral de Feijóo en 2023.
Vox ha anunciado un recurso ante el Tribunal Supremo, pero este se refiere a la resolución de la JEC sobre el censo, no a la instrucción de nacionalizaciones. El debate sobre la nacionalidad para descendientes de exiliados sigue generando tensiones internas en el PP, como ya se reflejó en la reciente controversia sobre la estrategia del partido y las bajas laborales, tema que también abordó Español News en un análisis anterior sobre las divisiones internas del PP.
En contexto, la ley de Memoria Democrática fue aprobada en 2021 y su desarrollo normativo ha permitido a miles de descendientes de exiliados solicitar la nacionalidad española. El procedimiento requiere acreditar el vínculo familiar y la condición de exiliado del antepasado. La JEC, órgano encargado de velar por la transparencia electoral, no tiene atribuciones para anular leyes ni instrucciones parlamentarias. El debate sobre la amplitud de la nacionalización refleja tensiones políticas y contradicciones históricas entre los principales partidos, mientras el Gobierno mantiene la vigencia de la norma y descarta cambios inmediatos.
