CC OO-PV ha presentado una querella tras la agresión de un antidisturbios a una profesora jubilada en Valencia. El sindicato pide la suspensión del agente y su imputación penal. El caso ya está en manos de la justicia.
El sindicato CC OO-PV ha dado un paso inusual en la defensa de los derechos del profesorado valenciano al solicitar su personación como acusación popular en la causa judicial abierta por la agresión sufrida por una profesora jubilada durante la huelga educativa del 31 de mayo en Valencia. La docente resultó herida tras ser empujada por la espalda por un agente de la unidad de antidisturbios de la Policía Nacional, lo que le provocó lesiones físicas en plena concentración pacífica cerca de la Consejería de Educación.
La organización sindical formalizó la querella el 12 de junio, tras acordarlo en su comisión ejecutiva, al considerar que los hechos difundidos por los medios presentaban indicios claros de delito. En el escrito, CC OO-PV solicita que el agente implicado sea imputado penalmente por varios delitos, entre ellos lesiones con agravante de abuso de superioridad y prevalimiento del carácter público, delito contra la integridad moral por trato degradante y falta de auxilio inmediato a la víctima. Además, el sindicato ha pedido la suspensión cautelar de funciones del policía mientras dure el procedimiento judicial.
La investigación ya está en marcha bajo la dirección de la titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Valencia, después de que la propia profesora presentara denuncia y la jueza iniciara diligencias el 15 de junio. El sindicato subraya que la actuación del agente no solo vulneró la integridad física de la docente, sino que también afectó al libre ejercicio de derechos fundamentales, motivo por el cual consideran imprescindible la imputación penal y la adopción de medidas cautelares.
Este caso se suma a otros recientes en los que la actuación de agentes públicos ha sido objeto de escrutinio judicial, como ocurrió con la decisión de la Audiencia Nacional de mantener la imputación a José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, donde el juez descartó imponer medidas cautelares pese a los indicios existentes (más detalles sobre decisiones judiciales recientes).
En el contexto español, la figura de la acusación popular permite a organizaciones y particulares intervenir en procesos penales de especial relevancia social, como mecanismo de control y garantía de derechos. La huelga educativa del profesorado valenciano, en cuyo marco se produjo la agresión, fue una de las movilizaciones más destacadas del sector en los últimos años. La respuesta judicial a este tipo de incidentes suele marcar precedentes sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en manifestaciones y protestas, un tema que sigue generando debate en la sociedad y en los tribunales.
