La presión en los hospitales de Ceuta ha bajado, pero cientos de inmigrantes siguen sin acceso a servicios básicos. El Gobierno busca soluciones ante el riesgo sanitario y la tensión social.
Ceuta vive una situación límite tras el reciente asalto masivo a la frontera. Aunque la ministra de Sanidad, Mónica García, descarta un colapso en los hospitales, la realidad en la periferia de la ciudad es muy distinta: cientos de inmigrantes permanecen hacinados en condiciones precarias, sin acceso regular a agua, higiene ni atención médica por temor a ser expulsados.
El Hospital Universitario de Ceuta ha ampliado su capacidad hasta 212 camas, con la mitad actualmente libres. De los 101 pacientes ingresados, menos de treinta son inmigrantes. Sin embargo, en zonas como las naves de El Tarajal y la playa de El Trampolín, la asistencia sanitaria apenas llega. Allí, familias marroquíes y jóvenes subsaharianos sobreviven en campamentos improvisados, levantados con vallas y sábanas, sin presencia policial estable ni servicios básicos como baños o duchas.
La llegada de organizaciones como Médicos del Mundo y Save the Children ha permitido atender por primera vez a muchos de estos migrantes, que presentan heridas infectadas, infecciones cutáneas, traumatismos y cuadros de gastroenteritis o fiebre. Los voluntarios, apoyados por intérpretes, han detectado casos de tuberculosis y Mantoux positivo, además de 18 episodios de gastroenteritis. La ministra García reconoce que el riesgo epidemiológico es “moderado” para los migrantes y “bajo” para la población local, pero insiste en que la urgencia está fuera de los hospitales: la prioridad es garantizar condiciones mínimas de salubridad, agua y comida.
El Gobierno central ha solicitado a las autoridades ceutíes que habiliten más espacios para alojar a los inmigrantes y prevenir brotes sanitarios. Sin embargo, la resistencia vecinal complica la apertura de nuevos centros, especialmente tras la propuesta de confinar migrantes en la antigua Fábrica de Harinas, rechazada por residentes de la zona. La tensión social aumenta, mientras el centro de la ciudad recupera la normalidad y los barrios periféricos denuncian agravios.
En paralelo, Save the Children estima que más de 4.000 menores siguen fuera del sistema de protección, pendientes de identificación y derivación a servicios sociales. Los adolescentes, al ver a los voluntarios, se apresuran a inscribirse en listas improvisadas, reflejando la magnitud del desafío humanitario.
Esta semana, el presidente ceutí, Juan Vivas, ha convocado un consejo de gobierno extraordinario para decidir nuevas medidas. La frontera, tras el refuerzo militar marroquí, ha recuperado la calma, pero la ciudad sigue “en peligro”, según el comunicado oficial. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, visita hoy Ceuta para evaluar el dispositivo de atención y reunirse con Vivas. Es la sexta ministra que acude a la ciudad desde el inicio de la crisis el 30 de julio.
Ceuta, enclave estratégico en la frontera sur de Europa, ha sido escenario de varios saltos masivos en los últimos años. La presión migratoria suele aumentar en verano, coincidiendo con la relajación de controles en la frontera marroquí. Las autoridades españolas han reforzado la cooperación con Marruecos y la vigilancia en la zona, pero la falta de infraestructuras y recursos en la ciudad autónoma dificulta la gestión de crisis de esta magnitud. El acceso a servicios básicos y la protección de menores no acompañados siguen siendo los principales retos para las administraciones locales y estatales.
