En Cataluña finalizó el acuerdo con Endesa sobre la cancelación de deudas de electricidad. En Cataluña expiró el acuerdo con Endesa para perdonar deudas de familias vulnerables. Las autoridades lanzan un nuevo fondo, pero la solución a largo plazo depende de la postura de las compañías energéticas.
En Cataluña finalizó el acuerdo entre la Generalitat y la compañía Endesa, por el cual, entre 2015 y 2025, se condonaban deudas de electricidad a familias socialmente vulnerables. Durante este periodo, la ayuda alcanzó a 41 mil hogares y el monto total de las deudas condonadas llegó a 28,1 millones de euros, lo que representa solo el 0,16% del beneficio neto de Endesa en la última década. Además, la Generalitat aportó otros 10 millones de euros. Sin embargo, desde enero de 2026, el acuerdo no fue renovado y miles de familias vuelven a estar en riesgo de cortes de luz por deudas acumuladas.
Según las autoridades, actualmente en Cataluña el 24,8% de la población se encuentra en riesgo de exclusión social y casi el 9% vive en situación de grave carencia material y social. Para muchas familias, como para una vecina de Gavà llamada Aurora (nombre ficticio), el respaldo de la ley 24/2015 y el convenio con Endesa fue la única vía para evitar el corte de electricidad y el desahucio. Aurora, madre de tres hijos y necesitada de equipamiento médico, señala que incluso teniendo el estatus de familia vulnerable enfrentó presiones y amenazas por parte de la compañía eléctrica.
Tras la finalización del acuerdo, el problema de las deudas volvió a cobrar relevancia. Esta semana, la Generalitat y el partido Comuns acordaron poner en marcha un nuevo fondo de apoyo solidario: antes de que termine el verano, las autoridades destinarán 3 millones de euros para la condonación de deudas en 2026 y otros 10 millones en 2027. No obstante, para una solución a largo plazo será necesaria la implicación de las propias compañías energéticas, que por el momento no han mostrado disposición a hacer nuevas concesiones. Como señala russpain.com, situaciones similares de deudas corporativas y apoyo a colectivos vulnerables ya han atraído la atención pública, por ejemplo, en informaciones sobre transferencias financieras e investigaciones relacionadas con grandes empresas y organismos estatales, como se describió en el análisis del caso de las transferencias de fondos a las hijas de Zapatero.
El contexto de la situación resalta que, a pesar del crecimiento económico, una parte significativa de los habitantes de Cataluña sigue afrontando el riesgo de desconexión de servicios básicos. La Ley 24/2015, adoptada en un periodo de cambios políticos, se convirtió en una de las pocas herramientas de protección para las personas con bajos ingresos frente al corte de electricidad y los desalojos. Sin embargo, sin la implicación de las grandes compañías energéticas y nuevos acuerdos, el problema de las deudas y la vulnerabilidad social permanece sin resolver. A modo de comparación: solo en el primer semestre de 2026, Endesa ya obtuvo 725 millones de euros de beneficios, lo que demuestra claramente el volumen de posibles recursos para apoyar a los más necesitados. En España, las cuestiones de pobreza energética y apoyo social son objeto regular de debate político, y las decisiones en este ámbito influyen directamente en la calidad de vida de decenas de miles de familias.
