Desmantelan en Valencia una red de narcotraficantes con acceso a la policía y al puerto. Más de 80 personas han sido detenidas en el puerto de Valencia por un caso relacionado con el transporte de 4,5 toneladas de cocaína. La red incluía trabajadores portuarios e incluso un miembro de la Guardia Civil. La organización pagaba hasta 120.000 euros por viaje a los conductores.
En el puerto de Valencia, la policía desmanteló una de las mayores redes de narcotráfico de los últimos años. Según informa EL PAÍS, el grupo criminal no solo almacenaba 4,5 toneladas de cocaína, sino que también tenía acceso a información interna de las fuerzas de seguridad. En la operación Spider fueron detenidas más de 80 personas, entre ellas 17 trabajadores portuarios y un agente de la Guardia Civil.
La investigación reveló que los miembros de la organización utilizaban aplicaciones cifradas para comunicarse y discutían detalles sobre los transportes, las sumas de las recompensas y las formas de eludir los controles. En uno de los mensajes, enviado a través de Zangi, el líder del área logística aseguraba que el grupo controlaba todas las unidades policiales responsables de las inspecciones en el puerto. Esto les permitía planificar el movimiento de las cargas con un riesgo mínimo.
La investigación prestó especial atención al sistema de pagos. Por transportar cocaína, los conductores recibían entre 100.000 y 120.000 euros por viaje; por abrir los contenedores, 50.000 euros. Dentro de la red discutían que pagos demasiado elevados podían llevar a que los conductores se enriquecieran rápido y dejaran de trabajar. En ocasiones, para operaciones puntuales, contrataban transportistas externos, a quienes pagaban por separado.
En los intercambios también se debatían otros métodos: por ejemplo, el intento de enviar 50 kilos de cocaína al norte del país o el uso de drones para transportar pequeños lotes. Sin embargo, parte de estos planes nunca se llevó a cabo por el temor de que la policía ya estuviera al tanto de sus acciones.
Una parte clave del esquema era la integración en la infraestructura portuaria. En la organización participaban no solo estibadores, sino también representantes de empresas de transporte, sindicatos e incluso un médico del Centro de Empleo del puerto. A través de exámenes ficticios, la red de narcotráfico otorgaba acceso a sus miembros para trabajar en el puerto, lo que permitía controlar el movimiento de contenedores y organizar los turnos necesarios.
Los investigadores están convencidos de que los miembros del grupo sabían de antemano sobre posibles detenciones. En uno de los chats cifrados se discutía la fecha de los arrestos y los participantes se aconsejaban mutuamente no guardar pruebas en casa. Algunos conductores incluso pasaban la noche en los contenedores para extraer rápidamente la droga y evitar llamar la atención.
La organización también se dedicaba a la especulación: compraba cocaína a bajo precio y la vendía posteriormente a un valor mayor. En uno de los episodios se discutió la compra de un lote a 13.500 euros el kilo a un vendedor de Alicante. Dentro de la red se destacaba que los precios de la cocaína habían caído considerablemente respecto a años anteriores, cuando el kilo llegaba a costar hasta 40.000 euros.
Para el camuflaje se empleaba el método del 'gancho ciego': la droga se ocultaba en contenedores con mercancía legal, sin que el remitente ni el destinatario supieran del contenido. Según la investigación, los conductores preparaban los contenedores por adelantado y controlaban sus movimientos mediante balizas GPS.
Las similitudes con otros casos en España son evidentes: anteriormente, en Almería, los narcotraficantes también intentaron escapar embistiendo una lancha del servicio de aduanas — más detalles sobre este incidente pueden encontrarse en el reportaje sobre una persecución en las costas de Almería.
Según RUSSPAIN, en los últimos años los puertos de España se han convertido en puntos clave para las redes internacionales de narcotráfico. En estos esquemas suelen participar no solo elementos criminales, sino también trabajadores legales de la infraestructura portuaria. Esto genera dificultades adicionales para las fuerzas del orden y exige una actualización constante de los métodos de control e investigación.
