Julio Martínez Martínez admite ante la Audiencia Nacional que Zapatero intervino en el rescate de Plus Ultra. El escrito detalla un pacto de comisión del 1% y la estructura de asesoría. El caso suma presión política y judicial.
El caso Plus Ultra da un giro relevante tras la confesión de Julio Martínez Martínez, considerado presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero. En un escrito remitido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, Martínez Martínez reconoce que el expresidente desempeñó un papel directo en la gestión del rescate de la aerolínea y que ambas partes pactaron una comisión del 1% sobre la financiación obtenida.
Según el documento, al que ha accedido EL MUNDO, Martínez Martínez fue alertado en mayo de 2020 por el propio Zapatero sobre la inminente llamada de los directivos de Plus Ultra. Poco después, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, responsables de la compañía, le expusieron la delicada situación financiera de la empresa y la urgencia de encontrar fondos. El empresario recalca que su función era la de intermediario, mientras que Zapatero, en calidad de consultor, marcaba la estrategia y los pasos a seguir.
La estructura de asesoría se articuló a través de la empresa Análisis Relevante, creada para prestar apoyo y servicios de consultoría, con Zapatero como principal referente en estrategia y relaciones internacionales. Aunque el expresidente no figuraba formalmente en el accionariado ni en los órganos de la sociedad, era quien lideraba la captación de clientes y la toma de decisiones clave. Los contratos con las empresas clientes, incluida Plus Ultra, seguían modelos prediseñados y se extendieron hasta 2025.
El 30 de julio de 2020, Plus Ultra y Análisis Relevante firmaron un contrato de honorarios de 5.000 euros mensuales más IVA, aunque, según el escrito, estos pagos respondían realmente al asesoramiento que Zapatero venía prestando desde mayo. Además, el 19 de enero de 2021, Plus Ultra se comprometió a abonar a Idella Consulenza Estrategica S.L. el 1% de la financiación obtenida si la ayuda pública era finalmente aprobada por la SEPI.
Durante los meses siguientes, la labor de Martínez Martínez se centró en acompañar a Plus Ultra en el proceso de obtención de la ayuda. Zapatero fue informado puntualmente de cada avance y, el 26 de febrero de 2021, comunicó que la SEPI concedería el crédito solicitado. La aprobación oficial llegó en el Consejo de Ministros del 9 de marzo de 2021. Sin embargo, cuando Zapatero declaró ante el juez Calama el pasado 17 de junio, negó cualquier influencia en favor de la aerolínea o ante funcionarios públicos.
El pago de la comisión se decidió aplazar hasta 2026 y parte de los importes se facturaron a través de otras empresas vinculadas a Martínez Martínez, según el escrito. El total abonado por la mediación ascendió aproximadamente al 1% de la ayuda pública recibida. Tras el éxito de la operación, la relación profesional entre Análisis Relevante y Plus Ultra continuó, con nuevos trabajos centrados en resolver problemas técnicos y logísticos en Venezuela, facturados en su mayoría a través de empresas relacionadas.
El documento también detalla el origen de la relación entre Martínez Martínez y Zapatero, que se remonta a 2011, cuando un amigo común facilitó la compra de una vivienda propiedad del entonces presidente del Gobierno. La operación se formalizó en el Palacio de la Moncloa.
La defensa de Martínez Martínez, a cargo de la abogada María Dolores Márquez de Prado, ha subrayado la voluntad de colaborar con la Justicia, anticipando el contenido del escrito antes de la declaración prevista en la Audiencia Nacional.
Este caso se suma a otros procesos judiciales recientes que afectan a figuras políticas de alto perfil. Por ejemplo, la Audiencia Provincial de Madrid ha decidido mantener el juicio contra Begoña Gómez por presunta malversación, limitando los cargos y estableciendo un jurado popular, como se detalla en esta información sobre la causa contra Begoña Gómez.
El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI, fue creado para respaldar a compañías consideradas esenciales durante la crisis, y Plus Ultra fue una de las beneficiadas más controvertidas. La investigación sobre la concesión de ayudas públicas a empresas privadas ha generado un intenso debate político y mediático en España, especialmente cuando se vinculan a ex altos cargos del Gobierno. La Audiencia Nacional continúa analizando la legalidad y transparencia de estos procesos, mientras la presión sobre los implicados sigue creciendo.
